A menos de 10 días de que termine la misión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) respecto al caso Iguala, especialistas dividen opiniones sobre el desempeño del grupo.
Mientras Perseo Quiroz Rendón, director ejecutivo de AI México, consideró que las autoridades deben dar continuidad a las líneas de investigación que abrió el GIEI, Luis de la Barreda Solórzano, fundador y ex titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, dijo que no hay que juzgar su trabajo hasta que finalice; por otra parte, Gabriel Regino, criminalista y profesor universitario, advirtió que las conclusiones del GIEI de poco servirán para la ubicación de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
Para Luis de la Barreda, Coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, la misión de los expertos no debe juzgarse hasta que culmine oficialmente el próximo 30 de abril, sin embargo, adelantó que las conclusiones que han difundido hasta ahora, poco han contribuido al esclarecimiento de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014.
“Ellos ponen en duda que haya habido un incendio en el que se incineraron cadáveres, introducen la hipótesis del quinto camión que se me hace muy endeble pero no han contradicho la versión oficial de la PGR, de que los normalistas fueron detenidos por la policía municipal, y entregados al grupo de Guerreros Unidos. Si el GIEI considera que la versión de la procuraduría es falsa por congruencia deberían pedir la libertad de todos los detenidos, y esto de ninguna manera lo han hecho ni lo ha insinuado”, aseguró el académico.
El también investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM señaló que la hipótesis del quinto camión tiene una muy seria debilidad debido ya que precisamente a los estudiantes que se llevan ese autobús, en donde supuestamente también llevaban droga, no les pasa nada, y no están en el grupo de los estudiantes que hoy están desaparecidos o asesinados.
En cuanto a la negativa del GIEI por reconocer el incendio en el basurero de Cocula, refirió que aún con el llamado tercer peritaje que los refutó, “ellos se aferraron a su versión como si trataran de defender a como diera lugar su postura, y no de buscar el esclarecimiento exhaustivo y hasta donde sea posible de los hechos”.
“Ellos (GIEI) venían a revisar el expediente, hablar con las víctimas, recabar testimonios, y podían apoyarse en peritajes, de hecho se apoyan en el peritaje del perito Torero. Creo que lo que hay que advertir es que este grupo al final pareció inclinarse más por la verdad ideológica que por la verdad sin adjetivos”, sentenció el ex ombudsman.
Líneas de investigación del GIEI deben tener continuidad
Desde la perspectiva de Amnistía Internacional (AI) México, las contribuciones que hizo el GIEI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en torno a la investigación del caso Iguala deben tener continuidad pese a sus detractores políticos y las difíciles condiciones que les fueron impuestas.
En entrevista con 24 HORAS, Perseo Quiroz Rendón, director ejecutivo de AI México, acusó que nunca hubo una plena apertura del gobierno mexicano a la cooperación del GIEI, aunque ellos hayan ofrecido “pistas importantes” sobre lo que pudo haber ocurrido el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Para tener una conclusión final de la labor de los expertos, el maestro en Derecho Internacional de los Derechos Humanos aseguró que la opinión pública debería esperar al último informe de los expertos, el cual se estaría presentando el próximo 24 de abril, sin embargo, sostuvo que los reportes emitidos “han contribuido muchísimo a la investigación, y tan es así que recientemente la CNDH corroboró algunas de las líneas de investigación que manifestaron los expertos desde su primer informe.
“Creo que en realidad los detractores o quienes no siguen al GIEI en realidad tampoco conocen el expediente, y tampoco conocen muy bien los hechos, me parece que esto viene más de un tema político que desde un tema técnico. Cuáles sean las razones de los detractores, no lo sé, pero sí parecerían más bien razones políticas que razones de fondo”, acusó el director ejecutivo de AI en México.
Quiroz Rendón aseveró que lo importante del trabajo del GIEI va a radicar en que ninguno de los avances que hicieron tenga un retroceso. “Me parece importante continuar las líneas de investigación que ellos han hecho. Creo que los padres pierden una esperanza de que esto pueda seguirse esclareciendo pero me parece que nos toca al resto de las organizaciones internacionales, nacionales y a la sociedad en general estar muy pendiente de que a este caso no se le dé carpetazo, y no se intente borrar de un plumazo todas la aportaciones que hizo el GIEI”.
Tras considerar que “la campaña de desprestigio en contra de sus miembros, y la falta de conducción de las autoridades y las instancias gubernamentales” para realizar su trabajo fueron los principales impedimentos para que los expertos continúen su trabajo, el activista apuntó que las líneas de investigación alternas del grupo que se basaron en los hechos de tortura que alegaron algunos detenidos por la PGR, así como el tema del peritaje sobre la dinámica de fuego fueron algunos de los temas importantes en su desempeño.
La ciencia forense no se equivoca
Por otra parte, Gabriel Regino García, abogado penalista, y profesor de criminología lamentó el perfil poco especializado de los integrantes del GIEI y alegó que desde la perspectiva jurídica, la participación el grupo de expertos, no tendría cabida.
“La actuación de este grupo fue por un acuerdo político. Lo relevante es que las conclusiones a las que hayan arribado carecen de impacto legal en los procesos penales existentes, recordemos que hay más de cien personas sujetas a proceso por estos hechos a la fecha. Sus conclusiones no tienen eficacia en nada de estos procesos, no tiene validez jurídica, no tiene validez de prueba”, acusó el jurista.
En palabras del también docente en la UNAM, el hecho de no contar con una figura legal, implicó que los señalamientos del GIEI estuvieran más orientadas a generar una percepción en la sociedad, y no pueden ser utilizadas bajo ninguna circunstancia como una prueba legal.
Bajo esa consideración, Regino García aseveró que los abogados y psicólogo que conforman el grupo no han podido sustentar sus afirmaciones, las cuales, dijo, ahora están siendo refutadas por el otro grupo de expertos en incendios. “Eso significa que están procediendo con una metodología errónea porque la ciencia forense no admite lugar a errores, es un hecho irrebatible.
“¿Quién de ellos es criminalista? ¡Nadie lo es! Tres son abogados, lo cual ya en lo personal me genera dudas sobre su actuar, y uno de ellos es psicólogo. Lo que se necesita son criminalistas de primer orden. Todo se politiza porque si el GIEI dice que ahí no se quemaron pero ellos qué van a saber, por qué no se pone de acuerdo el GIEI y la PGR, porque se están enfrentando a abogados contra peritos”, sentenció.