Human Rights Watch (HRW) calificó hoy de “insuficiente” la respuesta del Gobierno mexicano ante un vídeo que muestra la tortura que infligen soldados y policías a una civil, y sostuvo que se debe reconocer el “carácter generalizado” de estos abusos en el país.
La organización no gubernamental con sede en Nueva York afirmó en un comunicado que si bien el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, actuó correctamente al ofrecer disculpas por el caso, “la respuesta es insuficiente” y “minimiza la gravedad del problema”.
El sábado pasado, Cienfuegos ofreció “una sentida disculpa” por los hechos registrados el 4 de febrero de 2015 en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, donde dos soldados y una policía federal participan en un acto de tortura contra una mujer detenida.
Por el caso están detenidos los dos militares y tres agentes de la Policía Federal.
El caso fue difundido en un vídeo en que se observa a los sospechosos colocar una bolsa de plástico en la cabeza de la mujer y apuntarle con una arma.
“El secretario de la Defensa hizo lo correcto al ofrecer disculpas por el episodio de tortura, pero restó valor a su mensaje al insistir en que se trató de un incidente aislado cuando en realidad se trata de un problema mucho más amplio“, observó Daniel Wilkinson, director adjunto para las Américas de HRW.
La organización afirmó que “la tortura representa un problema crónico en México” que se practica por miembros de las fuerzas armadas y policías a niveles federal, estatal y municipal, y dijo haber documentado diversos casos en los últimos años que incluyen asfixia, simulacros de ahogamiento y golpizas.
De acuerdo con el relator especial de la ONU sobre la tortura, Juan Méndez, en un informe publicado en marzo de 2015, en México “la tortura es generalizada” y se aplica particularmente mientras las víctimas se encuentran detenidas arbitrariamente, y a menudo incomunicadas antes de ser llevadas ante una autoridad judicial.
Según el relator, en algunas ocasiones los jueces incluso aceptan pruebas que se obtuvieron mediante tortura, a pesar de la prohibición constitucional contra este tipo de evidencias.
De acuerdo con HRW, la Procuraduría General de la República (PGR) recibió en 2014 más de dos mil 400 denuncias de supuestos actos de tortura.
Wilkinson indicó que “todos los señalamientos de tortura, y no sólo aquellos que se reproducen en las redes sociales, deben ser investigados exhaustivamente”.