Integrantes del Grupo Interamericano de Expertos Independientes (GIEI) presentaron su segundo informe sobre su investigación en torno a la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero.
Señalaron que el primer informe que presentaron el pasado 6 de septiembre se refuerza con nuevos hechos. Ángela Buitrago señaló que “no hay ninguna demostración diferente a los hechos que señalamos en el primer informe”.
Aseguró que “hubo control directo y permanente de los estudiantes desde su salida de Chilpancingo”, además de que en su detención estuvieron involucrados policías municipales de Huitzuco.
Para el GIEI el conjunto de la acción muestra un modus operandi coordinado para evitar la huida de los autobuses.
Estos nuevos datos revelarían “un grupo aún más numeroso de gente implicada en el caso”.
Esto se relacionaría con la hipótesis de que el móvil del crimen fue el quinto autobús tomado por los normalistas y que podría haber ocultado un cargamento de heroína.
Policías entregaron a normalistas
Según la versión oficial, severamente cuestionada por padres de las víctimas y entidades como el GIEI o el equipo de forenses argentinos, los 43 estudiantes desaparecidos fueron arrestados por policías corruptos y entregados al cártel Guerreros Unidos, quienes los mataron y quemaron en el basurero de Cocula.
GIEI advierte que la identificación plena de un quinto autobús tomado a la fuerza por los estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2014 y en el que cree pudo haber droga escondida “no se ha realizado de forma conveniente”.
Los testimonios de los 14 ocupantes de ese autobús, que no fue atacado como los otros, “son coincidentes entre sí, con un relato contrastado y coherente en entrevistas tomadas en tiempos y con normalistas diferentes”, y divergen de la versión de la empresa de transporte de que la unidad hizo un recorrido con normalidad.
Reiteró que en el nuevo informe se ha comprobado que “los normalistas no iban a boicotear ningún evento político“, reiteró.
Asimismo, indicó que hubo coordinación perfecta entre policías para evitar que autobuses de normalistas salieran de Iguala.
“Los hechos del 26 de septiembre ocurrieron en un perímetro mayor y durante más tiempo que el señalado por PGR”, reiteró.
Hay diferencias entre el conductor que sale en el vídeo y el que se presentó a declarar.
“El 5 autobús tiene 2 dificultades: no fue el que salió de la estación y hay discrepancias con base al informe a nuestro perito canadiense”
“Hay registro de una llamada del celular de uno de los normalistas en la carretera de Huitzuco “,
Ubicación de teléfonos contradice a la PGR
También señalaron la necesidad de ahondar en el tema de los celulares, de los normalistas, ya que pese a que en las declaraciones de los inculpados se dice que los aparatos fueron destruidos inmediatamente, hay indicios de que siete teléfonos siguieron funcionando días después de la desaparición.
Asimimso, detallaron que hay registro de una llamada del celular de uno de los normalistas en la carretera de Huitzuco.
“Alguien que no son los estudiantes está mintiendo sobre las investigaciones con relación a los trayectos del quinto autobús”, indican.
En su reporte, Claudia Paz y Paz señaló que diversos testigos, entre ellos familiares de los Avispones, 800 metros antes detuvo el autobús estrella de oro en un retén de policía federal.
“Las distintas fuerzas, incluidos militares y federales, tenían información prevía desde que salieron de Chilpancingo”.
Testimonios de policías
Dos militares del 27 Batallón, asentado en Iguala, reconocieron por primera vez y a escasos días de la presentación del informe que se había acudido a esta instalación, reforzando los testimonios de otros dos elementos del Ejército de diciembre de 2014.
“El 27 batallón tenía conocimiento en tiempo real de movimiento de los estudiantes, fueron testigos directos y dieron monitoreo”, señaló.
Para el GIEI ha sido imposible entrevistar a los militares -un reclamo también de los padres de los 43 estudiantes-, a pesar de las 12 peticiones de información en este campo.
“No se proporcionó al GIEI no solamente la posibilidad de entrevistar al personal del 27 Batallón, sino tampoco las bitácoras, documentos, planes de acción o informes realizados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre dichos acontecimientos”, señaló el informe.
El nuevo estudio de fuego
El grupo de expertos seguraron que el nuevo estudio de fuego realizado en el basurero de Cocula carece de sustento científico y reiteraron que no hay evidencia de que los 43 jóvenes hayan sido incinerados allí en 2014.
Además, sostienen que el documento de nueve páginas al que tuvo acceso “no expone razonamientos científicos que puedan ser contrastados, sino solo afirmaciones, sin explicar el sustento probatorio o científico”.
Los especialistas en fuego afirman, entre otras cosas, que hay evidencia de que “una quema controlada mayor ocurrió en Cocula”, así como de incendios menores, pero aclaran que la duración y fechas de ellos “no pudo ser establecida con la evidencia física disponible”.
Además, aseguran que los restos óseos de 17 personas recuperados en ese lugar son “consistentes con aquellos producidos por la exposición prolongada al fuego producido por combustible ordinario y no por crematorios comerciales”.
Según los peritos, el hallazgo de dichos restos, así como de ropa, casquillos de bala, restos de neumáticos y rocas que exhibían daño por exposición al calor, “confirma la información obtenida de las declaraciones (de varios de los detenidos)”, según las cuales los 43 jóvenes fueron incinerados allí.
Sin embargo, el GIEI recuerda que no hay evidencia de que los restos de 17 individuos pertenezcan a alguno de los estudiantes, y que el basurero ha sido identificado como un lugar donde se han registrado varios incendios al menos desde 2010.
El GIEI también critica a los expertos en fuego por aludir, sin detallar la fuente, a información de una estación meteorológica cercana a Cocula, según la cual la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 solo hubo llovizna y cita varios estudios que contradicen eso.
Los expertos designados por la CIDH concluyen que el peritaje no cumple con los estándares mínimos de un estudio científico y recuerdan los argumentos que los llevaron a determinar que los 43 jóvenes no pudieron ser quemados en Cocula.
Además del estudio de fuego realizado por José Torero, que en su opinión nadie ha podido rebatir hasta ahora, resaltan las inconsistencias en las declaraciones de cinco presuntos autores materiales, así como el hecho de que hayan sido “obtenidas bajo tortura”.
Documentan torturas a 17 detenidos
Los expertos afirmaron que al menos 17 detenidos por el caso fueron torturados, entre ellos los cinco que aseguraron que los jóvenes habían sido asesinados e incinerados en un basurero en 2014.
A petición del GIEI, especialistas en tortura analizaron las pruebas médicas realizadas a 17 reos seleccionados en función de su relevancia entre los 80 detenidos hasta ese momento y que tenían mayor documentación en el expediente.
De acuerdo con el panel, las conclusiones de los informes médicos analizados “en general no concuerdan con la evidencia consignada”, muchos de ellos contienen valoraciones generales de varios detenidos y hay “serias inconsistencias en los documentos que consignan la integridad del detenido”.
Entre los torturados están los cinco detenidos que hablaron por primera vez de la quema de los estudiantes en el basurero, después de que una llamada anónima alertara sobre la supuesta presencia de los jóvenes en ese lugar.
También fueron torturados Gildardo López Astudillo, alias el Gil, señalado como el jefe del cártel de Guerreros Unidos que habría ordenado esa acción, así como cuatro policías de Iguala y siete más de Cocula que supuestamente participaron en el traslado, ejecución y quema de los jóvenes en el basurero.
Los expertos recordaron hoy que las declaraciones obtenidas bajo tortura no pueden ser consideradas como prueba.
Relación con las víctimas
Carlos Beristain recordó que su trabajo tiene sentido a partir de las víctimas, ellas son centrales en estos procesos.
“Cuando llegamos la relación entre víctimas y el estado era de desconfianza, tratamos abrir el diálogo y los espacios de escucha, atención”, reiteró.
Añadió que hace meses, después de hablar con la familia de Julio Cesar, se pidió una segunda autopsia, ya que la primera no fue realizada de manera adecuada.
Autoridades ha revictimizado y estigmatizado a los normalistas y familia, como es el ejemplo de la toma de ADN de Julio Cesar Mondragón, con trámites largos.
El video
El GIEI señaló que existen discrepancias sobre las actuaciones ministeriales en el Río San Juan, pues pese a que en el expediente del caso Ayotzinapa se dice que la recolección de restos óseos fue el 29 de octubre de 2014, hay fotografías y videos que señalan que un día anterior personal de la Procuraduría General de la República recogió restos óseos del lugar.
En el video se ve a uno de los detenidos por su presunta participación, Agustín García, en el Río San Juan el 28 de octubre de 2014, una diligencia que no aparece en el expediente de la investigación.
“No hay ninguna explicación ni referencia a estos hechos y por qué se llevó a inculpado al lugar donde después se encontraron restos óseos”, indicaron en el informe.
Añadieron que gracias a video de periodistas se supo de la presencia de distintos funcionarios en el lugar donde se encontraron restos.
“Esta información no está en el expediente, no sabemos qué evidencias se tomaron en esta diligencia que no fue referida por autoridades”.
CIDH reconoce al GIEI y lamenta partida; hará monitoreo de recomendaciones
Tras la presentación del informe, el comisionado presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, James L. Cavallaro, aseguró que el organismo continuará pendiente del desarrollo de la investigación, esto mediante medidas que diseñarán en los próximos días para que se sepa la verdad del paradero de los normalistas.
Aunque lamentó que el Estado Mexicano se negara a un tercer periodo del GIEI, Cavallaro pidió al presidente Enrique Peña Nieto, continuar con las investigaciones y dar con los autores, no sólo materiales, sino también intelectuales.
tpc