Ángela María Buitrago, integrante del GIEI, indicó que en el último informe que presentaron ayer sobre el caso de 43 estudiantes de Ayotzinapa quedó claro que hubo tortura a los supuestos delincuentes, cuyo testimonio es central para la versión del gobierno.
Ante esta situación, la experta colombiana pidió que cualquier prueba que haya surgido de esa tortura sea excluida porque pueden ser consecuencias nocivas para la búsqueda de la verdad, además de que es una práctica de la violación a los derechos humanos y al debido proceso.
“Cuando tú tienes una persona que la puedes llevar a un proceso de esa naturaleza con malos tratos y la determinación del nivel de malos tratos que se evidencian aquí, pues todo lo que diga puede ser incluso parte de una construcción para salir de ese momento tan grave que significa una tortura”, reiteró en entrevista con Denise Maerker.
Indicó que las declaraciones que hayan hecho esos cinco personajes de los 17 que jugaron un rol importante esa noche del 26 de septiembre de 2014, los cuales fueron torturados, les quitaría a sus declaraciones todo valor legal.
Asimismo, expuso que llegaron a la conclusión de que la investigación padece de evaluación en muchos de los casos, “una de las sugerencias que se hacía inicialmente era si tenemos 40 declarantes, es que hay que saber qué dijo uno y qué dijo el otro para poder tomar esos elementos y saber si el tercero me está diciendo cosas ciertas o mentiras o al contrario”.
Precisó que las pruebas fundamentales que debieron ser recogidas de forma inmediata, se dejaron, y eso llevó a perder la información.
Ángela María Buitrago sostuvo que las diferencias entre la investigación del GIEI y la de la PGR vienen desde la construcción de los hechos en varios puntos.
“Ellos dicen que se iba a boicotear un acto político (de la esposa de José Luis Abarca) nosotros lo descartamos, por la hora en que llegan y segundo porque sabíamos que iban a botear y así está demostrado; segundo, está descartado que vinieran infiltrados, grupos o personas de grupos criminales porque está confirmado que todos eran estudiantes de Ayotzinapa”.
“Queda descartado que sea el basurero de Cocula, para nosotros, lo cual implica una serie de condiciones… y que ahí obviamente nos separamos ampliamente en el término de la búsqueda, porque nosotros estamos trabajando sobre otros sectores, sobre otra forma de haber entregado a los muchachos, sobre otro destino de los muchachos”, precisó.
Agregó que hay personas que se han autodeclarado miembros del grupo Guerreros Unidos que dicen que participaron pero, lo que “hemos descubierto a través de los diferentes dictámenes es que están torturadas, o perdón, signos claros de tortura y el único que puede decir si hay tortura o no es un juez”.
Insistió que tienen elementos en los que no coinciden como que los quemaron en el basurero de Cocula, y que además su investigación arroja que participan otros actores a quienes se les entrega a los jóvenes pero el destino, de acuerdo al GIEI, “todavía no está establecido”.
Consideró que hasta donde llegó el GIEI en su segundo informe es que hay que profundizar en las investigaciones para saber si la Policía Federal fue cómplice o negligente en su actuación.
Sobre el “Caminante”, personaje con el que varios policías tuvieron comunicación la noche del 26 de septiembre, dijo que es una línea que está despejada o abierta
Finalmente puntualizó que la CIDH está definiendo el mecanismo para que se dé cumplimiento a la investigación, “ya que queda en manos de la PGR realizar una investigación profunda y cumplir con el análisis imparcial porque hay cosas que no coinciden”. (Con información de Grupo Fórmula)
tpc