El sistema de pensiones con cuentas individualizadas cumplirá dos décadas el próximo año. Fue uno de los grandes cambios estructurales de finales del siglo pasado.

 

Pero esa importante reforma tiene el mismo problema que tantos otros cambios que se han hecho en México: son parciales incompletos. Siempre con la expectativa de mantener una reforma dinámica que se vaya adaptando a las circunstancias y más cuando se trata de un sistema de pensiones.

 

La fórmula política que se utilizó en 1997 para hacer aceptable el modelo entre las cúpulas sindicales fue prometer que el modelo sería adoptado solamente por los nuevos trabajadores, cualquiera que antes de julio de ese año que hubiera cotizado en el sistema de reparto no tendría que sujetarse al sistema de cuentas individuales.

 

El problema del esquema de pensiones definidas es que de entrada sigue generando un boquete en las finanzas públicas y marca una injusta desproporción entre aquéllos que cotizaron antes de la ley de las Afores y los que ya no conocieron el sistema anterior. Vamos, hay diferencia entre quien consiguió el trabajo en la primavera de 1997 y el que empezó a trabajar en el otoño de ese año.

 

Los que entonces diseñaron y aprobaron dicho esquema de diferenciación debieron tener muy claro lo que habría de suceder, pero quizá su razonamiento fue que esa bomba de tiempo estallaría casi 30 años después cuando se jubilara el primer trabajador bajo las reglas sólo del nuevo esquema individual.

 

Estamos a un par de décadas para que se jubile el último de los beneficiarios del esquema de reparto y que se jubile el primero con no otra opción que su cuenta individual. Ese día cuando se comparten las dos pensiones habrá una crisis de credibilidad del sistema individual.

 

Cuando uno de los jubilados disponga de poco, pero el otro tenga mucho menos habrá una crisis social que no se podrá resolver con recursos públicos, porque simplemente no alcanzarán.

 

Salvo un cambio en 2007, en el momento en que sí incluyó a los trabajadores del Estado no ha habido transformaciones importantes al sistema de pensiones, cuando debería ser tan dinámico como los cambios demográficos.

 

La población envejece y el sistema de reparto ya no alcanza, porque fue concebido para 10 años de retiro antes de la muerte, y un creciente número de jóvenes con su fuerza laboral apoyarán a los “viejos”.

 

Hoy la expectativa de vida tras el retiro ha aumentado de manera afortunada y la pirámide poblacional ha cambiado por la baja en la natalidad y el aumento en la expectativa de vida. Otra realidad es que las pandemias como la obesidad, la hipertensión y la diabetes implican grandes gastos para las personas de la tercera edad.

 

Un asunto grave en México es que la falta de combate a la economía informal no sólo implica la pérdida de ingresos fiscales, sino perpetuar la realidad de que al menos la mitad de la fuerza laboral del país carece de seguridad social y de un sistema de ahorro para el retiro.

 

Las mismas condiciones políticas que impiden una reforma fiscal profunda son idénticas para renovar el sistema de pensiones. Sin embargo, está cada vez más cerca la fecha en que habrá una crisis de convergencia entre ambas estructuras.

 

Es hora de renovar el sistema de las cuentas individuales. Hay que aumentar los montos de ahorro obligatorio, hay que prorratear los beneficios del sistema anterior para hacer un traspaso definitivo a las cuentas personalizadas con el fin de evitar una crisis macroeconómica y otra a nivel de finanzas personales de los que creen que con lo que han ahorrado en su Afore tendrán suficiente para vivir dignamente la vejez.