La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó con cambios la miscelánea penal enviada por el Senado, la cual autoriza la geolocalización e intervención de celulares –incluida la información de redes sociales- involucrados en delitos vinculados a la delincuencia organizada, como el secuestro.
De esta manera, el Ministerio Público podrá intervenir un teléfono o redes sociales sin que medie una orden judicial cuando una víctima esté en peligro de muerte. Pero no podrá extraerse información cuando se trate de un teléfono abandonado o extraviado a fin de proteger la privacidad de los ciudadanos.
La comisión de Justicia aprobó en lo general –con 23 votos a favor y uno en contra- la llamada miscelánea penal, que incluye 450 modificaciones en 10 ordenamientos para mejorar la instrumentación del sistema acusatorio adversarial.
Luego de permanecer desde 2014 en la congeladora, la comisión destrabó el análisis de la minuta que impulsaron en el Senado el ahora presidente de la Cámara alta, Roberto Gil Zuarh (PAN), y la actual procuradora general de la República, Arely Gómez.
El dictamen será discutido esta semana, antes del 30 de abril, y plantea la obligación de conservar los datos de comunicaciones intervenidas sólo cuando constituyan medio de prueba, de lo contrario serán destruidos.
En la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, los diputados marcan claramente la diferencia entre lo que es un testigo protegido –ligado al crimen organizado– y un testigo colaborador, para quienes sean o hayan sido integrantes de la delincuencia organizada.
En la reunión de la Comisión estuvo presente María de los Ángeles Fromow, secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación.
Puntos importantes
En caso de delincuencia organizada, el Ministerio Público podrá solicitar a las compañías telefónicas información sin que medie una orden judicial.
Se podrá disolver una empresa cuando no haya desarrollado controles internos necesarios para evitar que, por ejemplo, su red de distribución traslade droga u otros ilícitos.