A casi una semana de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptara el análisis de la acción de inconstitucionalidad promovida por diputados del Estado de México en contra de la llamada “Ley Atenco”, ayer, el máximo tribunal admitió los recursos interpuestos por las Comisiones de Derechos Humanos nacional y de dicho estado.
Fue el ministro Alberto Pérez Dayán quien notificó a ambas comisiones defensoras de derechos humanos, así como a los legisladores mexiquenses sobre la admisión de sus respectivas acciones en contra de la ley que regula el uso de la fuerza pública en la entidad.
Será el ministro Pérez Dayán quien tendrá la responsabilidad de elaborar el proyecto para su discusión y posterior resolución ante el pleno de la Corte. Aunque no hay un plazo para que se concrete la resolución en el pleno, funcionarios de la SCJN refirieron que al tratarse de un caso “de relevancia”, se prevé que en las próximas semanas se dé inicio con el procedimiento para determinar si la aplicación de dicha ley es constitucional o no.
La ley, propuesta del gobernador Eruviel Ávila, ha sido blanco de señalamientos debido a que contempla el uso de armas y mecanismos como el espionaje e intervención en asambleas públicas por parte de las fuerzas del orden con el objetivo de mantener bajo seguridad y control cualquier manifestación social.
Ley Atenco, a examen
– La Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública (ley Atenco) ha sido impugnada por tres organismos para poner a prueba su constitucionalidad ante la SCJN.
– Diputados locales del Edomex. Promovieron la acción de insconstitucionalidad a la ley que ellos mismos aprobaron.
– Comisión Nacional de Derechos Humanos. La CNDH interpuso el mismo recurso por considerar que algunos artículos violentan los derechos fundamentales de las personas.
– Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Impugnó ante la SCJN seis de los artículos de la ley Atenco sobre el uso gradual de la fuerza pública.