SAO PAULO. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, anunció hoy un incremento en la asignación del programa del Gobierno de combate al hambre, en un momento clave de su mandato por un eventual juicio político con miras a su destitución, y aseguró que “resistirá y luchará hasta el final”.
Rousseff realizó el anunció durante un acto en Sao Paulo organizado por los sindicatos con motivo del Día de los Trabajadores y advirtió que si el vicepresidente Michel Temer asume el poder, en caso de ser destituida, “acabará con una parte” del programa Bolsa Familia.
La presidenta insistió en que es víctima de un “golpe” de Estado que comenzó a ser tejido por el presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, pero afirmó que “luchará”, como, según recordó, ya hizo durante la dictadura.
La jefa de Estado acusó a Cunha, declarado enemigo político de Rousseff, y a otros legisladores de ser los “responsables” de la crisis económica que vive el país y del aumento del desempleo, por no aprobar las reformas que ella propuso al Congreso.
Alertó de que si el Senado aprueba el inicio de un juicio político en su contra y Temer asume la presidencia de Brasil serán recortados los programas sociales y los derechos de los trabajadores.
En contrapartida, anunció un reajuste del 9 % en la asignación del Bolsa Familia, uno de los programas bandera del gobernante Partido de los Trabajadores (PT).
El Bolsa Familia fue creado por el Gobierno de su padrino político, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), y concede subsidios de unos 164 reales (unos 48,2 dólares) mensuales de media a cerca de 14 millones de familias pobres, según datos del Gobierno.
“Quieren acabar con una parte del Bolsa Familia”, señaló.
Rousseff también anticipó un ajuste al impuesto sobre la renta que beneficia a los trabajadores, el cual entrará en vigor a partir de 2017, y avisó sobre las intenciones del eventual Gobierno de Temer de llevar a cabo una política de “privatizaciones”.
Las medidas anunciadas por la jefa de Estado suponen un nuevo espaldarazo a la izquierda, que estaba desencantada con Rousseff debido a una serie de propuestas de ajuste fiscal lanzadas para reequilibrar las maltrechas cuentas públicas del país.
Acorralada por el Congreso, la presidenta intenta ahora rescatar el apoyo de las bases, mientras se encuentra amenazada con un juicio legislativo que busca acortar su mandato, para el que fue reelegida en octubre de 2014 por un estrecho margen.
El Senado debate estos días si existen méritos jurídicos para la apertura de proceso político y deberá tomar una decisión a mediados de mayo.
En caso de que una mayoría simple entre los 81 senadores apruebe la instauración del proceso, Rousseff deberá separarse del cargo durante los 180 días que puede durar el juicio político y su lugar sería ocupado por Temer, quien completaría el mandato que vence el 1 de enero de 2019 si la presidenta es finalmente destituida.