LA PAZ. Personas con discapacidad se colgaron hoy, sobre sus sillas de ruedas, de un puente peatonal y un árbol en dos ciudades de Bolivia para presionar al gobierno sobre su pretensión de cobrar un bono mensual de 72 dólares.
Una mujer en silla de ruedas, identificada como Rosmery Huarita, fue suspendida por sus compañeros desde la pasarela de la calle Pérez Velasco, un lugar de alto tráfico en el centro de La Paz, mientras otros tumbaron sus sillas para bloquear la ruta.
Centenares de personas con discapacidad mantienen desde la semana pasada una vigilia en La Paz, adonde llegaron tras marchar más de 300 kilómetros desde la ciudad de Cochabamba (centro) para exigir el cobro del bono mensual, muchas de ellas en silla de ruedas o con la ayuda de muletas.
“No me importa la vida, son 25 años que estoy en esta silla y nunca ha recibido ninguno de los derechos. Hemos venido a dignificar la vida de las personas con discapacidad, estamos pidiendo lo que es nuestro derecho”, declaró Huarita a los medios.
Al mismo tiempo, varias personas paralizaron el tráfico tendiendo sobre el suelo a sus hijos menores, que sufren problemas mentales o parálisis.
Los agentes intentaron impedir estas acciones, pero fueron rechazados con violencia por las personas movilizadas.
El Ministerio boliviano de Gobierno (Interior) informó en un comunicado de que una policía fue golpeada y sufrió tirones de pelo que le causaron heridas en el cuero cabelludo.
En la ciudad sureña de Sucre, la capital constitucional de Bolivia, también una mujer en silla de ruedas, Arminda Valeriano, fue colgada de un árbol para radicalizar la protesta, mientras otros de sus compañeros cortaron calles de acceso a la plaza principal.
El gobierno boliviano aduce que el pago del bono que exigen las personas discapacitadas es inviable.
El pasado viernes, las autoridades firmaron un acuerdo con otro sector de personas que sufren discapacidades en el que se incluye una oferta de planes de incorporación laboral y de capacitación.
Aunque el Ejecutivo ha intentado dar por finalizado el conflicto social con la firma de ese acuerdo, las personas discapacitadas que están movilizadas han rechazado esa iniciativa y afirman que quienes lo suscribieron no representan a este colectivo.
Decenas de discapacitados permanecen acampados de forma precaria y custodiados por barreras policiales a una cuadra de la paceña plaza Murillo, donde se encuentran las sedes del Palacio de Gobierno y el Parlamento.
El Gobierno rechaza, por razones de austeridad ante la caída de los precios de los combustibles, pagar el subsidio mensual equivalente a 72 dólares que exige este colectivo.
Uno de los dirigentes de las personas con discapacidad de La Paz, Jorge Flores, anunció hoy a medios locales que algunos de sus compañeros se plantean pedir un referendo para la revocación del mandato del presidente Evo Morales si no se paga ese beneficio.
El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, dijo por su parte en una rueda de prensa que el Gobierno no dialogará de forma directa con los movilizados.
También pidió a la oposición que no politice el conflicto con el fin de intentar desestabilizar al Gobierno.
El expresidente Jorge Quiroga (2001-2002) declaró que el Gobierno debe dejar de hacer “enormes gastos” en publicidad y viajes para atender las demandas de las personas con discapacidad, “que han tocado el corazón de los bolivianos, pero aparentemente no el corazón de Evo Morales”. DEC