Mujeres defensoras de la tierra en Oaxaca denunciaron ante el relator especial de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), Michael Forst, los riesgos y ataques que enfrentan en su lucha en defensa de la tierra y el rechazo a los megaproyectos eólicos, de los cuales hacen responsable al gobierno del Estado, en el marco de su visita a México.

 

Y le advirtieron también, del riesgo que viven las defensoras que luchan por la liberación de sus familiares presos políticos y de quienes abogan al derecho por la libertad de expresión; quienes enfrentan el mayor nivel de ataques.

 

Por ello, pidieron al relator Frost considerar ir a Oaxaca en su próxima visita oficial, donde aseguran, se ha criminalizado la lucha social. Destacaron su preocupación frente a la persecución al movimiento magisterial y toda lucha.

 

Durante el Foro Defensores de Derechos Humanos en Riesgo, que tuvo lugar esta semana en la Universidad Iberoamericana (UIA) de Puebla, una representación de las activistas oaxaqueñas destacaron que desde 2010, Oaxaca se coloca en primer lugar de ataques a nivel nacional y lo más grave es que siguen en aumento, según el Registro de Agresiones a Defensoras de DH de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras).

 

Detallaron que fueron registrados 48 ataques en el 2012; 117 en el 2013; 172 en el 2014 y 211 en el 2015. Y la tendencia alcista se confirma con el reporte de 62 ataques solo en los primeros cuatro meses de 2016.

 

Y agregaron que otro factor de temor fue el aumento de ataques a manos de autoridades, en especifico policías tanto federales, estatales como municipales. Explicaron que de los 62 casos reportados en lo que va del año, 14% ocurrieron mientras se implementaron “medidas de protección otorgadas por el Estado”. Explicaron que pudieron documentar que estas medidas son “victimizantes” y en muchos casos en vez de aminorar factores de riesgo las ponen en mayor vulnerabilidad frente a sus agresores o del Estado al descalificarlas, negarles o dilatar la implementación de las mismas.

 

Los casos de acoso han sido por policías responsables de proteger a las defensoras, quienes dieron trato discriminatorio y racista en la implementación de las medidas de protección así como divulgación de información de carácter confidencial y sensible acerca de la situación de las defensoras en medios de comunicación o a autoridades agresoras.

 

El Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha AC, realizó el acompañamiento a Isabel Jiménez Salinas, defensora e integrante de la Asamblea Popular de los Pueblos Juchitecos, quien expuso ante Frost la serie de hostigamientos y amenazas que el gobierno puso en marcha por sus actividades de defensa de la tierra y rechazo a los megaproyectos eólicos.

 

“Nuestra lucha es por el respeto a nuestros derechos humanos fundamentales, hemos alzado la voz para exigir respeto a nuestros derechos indígenas, a nuestros derechos agrarios, derechos de territorialidad, derecho a la recolección de plantas medicinales, derecho a la salud, en síntesis exigimos respeto a todos nuestros derechos humanos”, explicó Jiménez.

 

Ante el relator aseguró que los desarrollos que pregonan las firmas eólicas son falsas, ya que ese supuesto desarrollo representa pérdida de territorio y un “golpe a nuestra Madre Tierra”; por ello cuestionó a las empresas y sus financieras a explicarles ¿cuál es el desarrollo para el Istmo?, donde se impusieron 22 parques eólicos y existen ya 21 con mil 413 aerogeneradores y ellos aún no ven una mejora.

 

“¿Qué progreso se puede esperar cuando ni siquiera una consulta indígena realizaron las empresas eólicas para implementar sus megaproyectos?”, sostuvo la mujer quien destacó que “la Madre Tierra es nuestra vida” al hablar por los pueblos defensores Binni Za´ zapotecas.

 

Además algunos de los casos de particular preocupación presentados ante el relator Frost, por el alto nivel de ataques que enfrentan actualmente, fueron:

 

– Consorcio Oaxaca, organización feminista que ha sufrido diversas difamaciones, allanamientos, hostigamiento y persecución por su labor a favor de los derechos de las mujeres y de las defensoras de DH, ello pese a contar con medidas cautelares;
– Eva Lucero Rivero Ortiz, quien ha enfrentado diversos intentos de asesinato, amenazas y hostigamiento por su labor de defensa del derecho a la autonomía de los pueblos indígenas y afrodescendientes en Pinotepa Nacional; así como por la denuncia de las violaciones a derechos humanos en el caso de su esposo y defensor de DH Librado Baños Rodríguez detenido arbitrariamente. Las amenazas y ataques que viven permanecen pese a contar ambos con medidas cautelares;
– María del Carmen López Vásquez y Norma Cleyver Cruz Vásquez, maestras de la Sección 22 quienes enfrentan una campaña mediática de difamación así como criminalización por su labor en defensa del derecho a la educación;

 

– Yolanda Pérez Cruz, defensora indígena originaria de San Isidro Aloapam amenazada y víctima de malos tratos por su labor en defensa de su esposo Pablo López Alavés, defensor indígena y preso político, ambos integrantes de la organización CIPO RFM. La defensora sigue enfrentando diversos ataques pese a tener medidas cautelares;

 

– Yolanda Barranco, profesora integrante de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación quien ha sido objeto de calumnia y difamación en diversos medios, utilizando elementos de su vida privada e intima para descalificarla por su labor como maestra, defensora de presos políticos e integrante del Comité Nacional de presos políticos en México. Permanecen los ataques pese a contar con medidas cautelares.