La organización civil México Evalúa denunció hoy la opacidad y el derroche que imperan en los proyectos de obra pública del país, donde documentó la existencia de al menos 13 hospitales abandonados que suponen pérdidas por 6 mil millones de pesos.

 

Hay “una epidemia de hospitales abandonados” o a medio construir, dijo la coordinadora del programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de la organización, Mariana Campos, quien señaló que hay reportes periodísticos que hablan de 50 y otros hasta de un centenar de casos en estados como Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y Yucatán.

 

“Nosotros identificamos trece” hospitales, los cuales tuvieron un costo que en conjunto superior a “los 6 mil millones de pesos”, dijo Campos para ilustrar las consecuencias de los bajos niveles de transparencia y de figuras de contrapeso en la contratación pública.

 

Ello es reflejo de que “nos estamos lanzando a proyectos mal preparados, con diagnósticos muy débiles, que a la hora de la hora no tiene caso terminarlos” porque no hay quién los atiendan y muchas veces responden a intereses electorales.

 

Entre otras obras emblemáticas de despilfarro, Campos mencionó la Estela de Luz, un monumento en la Ciudad de México conmemorativo del Bicentenario de la Independencia mexicana, que tuvo un costo “tres veces” superior a su presupuesto y solo se concretó el 25% del proyecto original.

 

Además, están el Centro de Convenciones de Los Cabos (Baja California Sur), construido para la cumbre del Grupo de los Veinte efectuada en junio de 2012, la nueva sede del Senado y, en la actual Administración (2012-2018), al menos dos edificios construidos en la capital mexicana para poner en marcha los juicios orales.

 

En un encuentro con periodistas, la experta dio detalles de un informe sobre transparencia en obra pública elaborado por la organización a partir de la evaluación de 64 documentos de proyectos de 100 millones de pesos (5,5 millones de dólares) o más, en su mayoría de 2014.

 

Los problemas aparecen desde los diagnósticos de infraestructura, que no ofrecen un análisis objetivo ni transexenal de las necesidades de inversión física del país.

 

Además, 60 % de los fallos de las licitaciones no están publicados, lo que la ONG considera “preocupante” porque se trata del principal documento de rendición de cuentas del proceso de asignación de contratos.

 

En general, no se cumplen las obligaciones de transparencia marcadas en la norma, lo que en la práctica eleva los riesgos de corrupción en las transacciones.

 

Por ello, del estudio se desprende la necesidad de “una intervención multidisciplinaria” que contemple al menos la implementación “de procesos con buenas prácticas de modificación de contratos, informes de administración del contrato y publicidad de auditoría interna”, así como los diagnósticos de infraestructura.

 

“Eso sería lo urgente” para disminuir la opacidad y reducir los riesgos de prácticas corruptas en la contratación pública, concluyó.