El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) entregar versión pública de todas las solicitudes de autorización para intervenir comunicaciones telefónicas privadas, de líneas fijas o móviles, presentadas entre el 1 de enero de 2009 y el 6 de enero de 2016.
La PGR respondió a la solicitud de un particular que en dicho periodo obtuvo autorización de mil 167 órdenes de intervención por los Jueces Federales Especializados en Cateos, Arraigos e Intervenciones de Comunicaciones Privadas. Sin embargo, la dependencia no entregó el total de solicitudes, las concedidas y negadas, fecha de solicitud, ante qué autoridad se presentó y si se trató de línea fija o móvil.
Al argumentar ante el Pleno del INAI la resolución del recurso de revisión presentado por un ciudadano, el comisionado ponente Joel Salas Suárez afirmó que “la información pública sobre la justificación de solicitudes de intervenciones telefónicas por parte de la PGR, sirve para que rindan cuentas y demuestre que actúan con apego a la ley”.
Manifestó que está a debate público la propuesta de la Ley 3 de 3, que incluye la realización de intervenciones telefónicas a funcionarios por sospechas de corrupción; y recordó el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la constitucionalidad de los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para solicitar información de usuarios a las empresas de comunicación sin previa autorización judicial.
Asimismo, señaló las reformas a los códigos de Justicia Militar y Militar de Procedimientos Penales aprobadas por el Senado, que posibilitan a autoridades judiciales militares a realizar cateos e intervenciones telefónicas sin consultar a las autoridades penales civiles, respecto a lo cual la ONU ha advertido que podría facilitar violaciones a derechos humanos.