BRASILIA. Dilma Rousseff no pudo dejar de sonreír al recibir la noticia por un celular de que su juicio político quedaba en suspenso. La versión le llegó al mediodía durante un multitudinario acto en el Planalto con estudiantes universitarios. La noticia la daba minutos antes el presidente interino de la Cámara de Diputados de Brasil, Waldir Maranhao, quien anuló el trámite que ha dado lugar al proceso que le puede costar el mandato a la Presidenta brasileña.

 

Maranhao, quien asumió la presidencia de la Cámara de Diputados la semana pasada, en lugar de Eduardo Cunha, quien fue suspendido del cargo por la Corte Suprema, aceptó una demanda presentada por la Abogacía General del Estado.
Ese organismo, que defiende a Rousseff en el proceso, denunció “vicios que declaran nula de pleno derecho” la sesión del pasado 17 de abril en la que 367 de los 513 diputados aceptaron las denuncias contra la mandataria y dieron lugar al trámite.

 

“No podrían los partidos políticos orientar una cuestión para que sus parlamentarios votasen de un modo u otro, toda vez que debían hacerlo de acuerdo a sus convicciones personales y libremente”, dijo Maranhao, cuya decisión ha indignado a la oposición y generado dudas hasta en el influyente colegio de abogados de Brasil.

 

El gobierno y la propia Abogacía General del Estado han alegado que el proceso para la posible destitución de Rousseff comenzó por una supuesta “venganza” de Cunha, un declarado adversario de la mandataria implicado en las corruptelas en la estatal Petrobras.

 

El presidente del Senado brasileño, Renán Calheiros, rechazó la suspensión del trámite para un juicio contra la mandataria y determinó la continuidad del proceso. “Es una decisión intempestiva”, que “no tiene ninguna cabida” en el proceso democrático y que “no puede ser aceptada”, dijo al instalar la sesión en el pleno del Senado.

 

Calheiros calificó de “extemporánea” la decisión de Maranhao y dijo que había sido adoptada “cuando el Senado ya discute el asunto desde hace varias semanas”. Detalló que “ya hubo lectura de informes sobre el caso, se eligió una comisión especial” que analizó la base jurídica de los cargos y “hubo 10 sesiones que consumieron casi 70 horas de trabajo” en las que se escuchó a la defensa y a la parte acusadora.

 

Aunque Calheiros no lo ha aclarado, deberá confirmar también la sesión de mañana, en la que el pleno del Senado decidirá por mayoría simple entre sus 81 miembros si se abre el juicio contra la mandataria.