La procuradora General de la República, Arely Gómez González, se comprometió a colaborar con la Fiscalía del Estado de Morelos, en la exhumación e identificación de restos localizados en la fosa de Tetelcingo, en el predio conocido como El Maguey, municipio de Cuautla, por lo que puso a disposición el apoyo y asistencia institucional en dicho proceso de exhumación e identificación genética.

 

Este lunes la titular de la PGR sostuvo una reunión de trabajo, en la sede de la institución, con los presidentes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez;  de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); Sergio Jaime Rochín del Rincón y Organizaciones de la Sociedad Civil del estado Morelos y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, entre ellos Javier Sicilia.

 

Loa acuerdos son: que la PGR, CNDH y CEAV colaboren con la Fiscalía en la exhumación de los cuerpos y en la toma de perfiles genéticos de acuerdo a los estándares internacionales.

 

Sin embargo, Javier Sicilia,  dirigente del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y las ONG’s que participaron en la reunión con la titular de la PGR, advirtió que de no acatarse los cuatro puntos del Acuerdo que firmaron con la PGR, para el 18 de mayo, abrirán la fosa clandestina para analizar los 148 cuerpos que ahí se encuentran.

 

Esta fue petición de los familiares de los desaparecidos en Morelos quienes también solicitaron la participación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

 

“La Fiscalía del Estado se negó a que se abriera la fosa para el análisis y llegamos hasta instancias federales para que se nos escuche”, señaló Sicilia en conferencia de medios.

 

Denuncian ejecución extrajudicial

 

Al mismo tiempo de la reunión, a las afueras de la sede de la PGR, en el camellón de Paseo de la Reforma 211, se manifestó un grupo de personas con pancartas para exigir justicia para Jorge Antonio Parral quien fue asesinado el 26 de abril de 2010, presuntamente por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

 

Los inconformes aseguraron que Parral Rabadán fue víctima de ejecución extrajudicial en el Rancho El Puerto, en el estado de Nuevo León, donde estaba privado de la libertad.

 

Los manifestantes habían dicho que no avanzar las investigaciones en México, llevarían el caso a instancias internacionales.