La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó al gobierno de Chiapas no dejar impune la muerte de dos niños y castigar a los responsables que el pasado 28 de abril, durante una manifestación, obstaculizaron el paso a una ambulancia que transportaba a Héctor y Moisés, de 4 y 6 años respectivamente, al Hospital de las Culturas de San Cristóbal de las Casas, donde deberían ser atendidos por intoxicación.

 

En la sesión de este miércoles, la Permanente, integrada por diputados y senadores, lamentaron lo sucedido y manifestaron su preocupación ante esos hechos, por lo que hizo un llamado a la conciencia para que este tipo de incidentes no se repita.

 

Además, apelaron a la reflexión sobre la necesidad de reglamentar el derecho de protesta, a fin de que no entre en conflicto con otros derechos, como, en este caso, el derecho a la vida y a la salud, y a la libre circulación de las personas.

 

Al presentar el punto de acuerdo, el senador Jesús Casillas Romero del Grupo Parlamentario del PRI, señaló que de acuerdo a versiones de testigos, los manifestantes golpearon la unidad de emergencia, rompieron vidrios y dañaron la carrocería. Los padres pidieron ayuda a los manifestantes, pero no lo consiguieron, por lo que tuvieron que trasladar a los menores en un vehículo particular.

 

“Sin embargo, se perdió tiempo valioso que culminó en la muerte de los dos menores de edad”, enfatizó el senador priista y consideró que en este caso, se presenta un duelo de derechos, inconciencia y necedad. “Es una amalgama de varios de estos conceptos, en los que bajo la cortina del ejercicio de un derecho legítimo, la cobardía y rabia de la gente se volcó sobre quienes menos la debían. Dos pequeños en estado grave a quienes les impidieron el acceso oportuno a la atención médica y perdieron la vida”, apuntó.

 

Resaltó que no se trata de una disyuntiva ni de un debate sobre cuál derecho debe prevalecer sobre otro, “es claro que el derecho a la salud y a la vida está por encima de cualquier cosa; no está en juego ni en dilema de prelación, mucho menos de ponderación de derechos. Aquí el derecho a la protesta fue interpretado de manera sesgada”.

 

Dijo que este trágico evento, debe servir para reflexionar y adentrarse en la regulación del derecho a la libre manifestación, que como regla y premisa básica debe considerar la salvaguarda del derecho a la movilidad y más en caso de emergencia.

 

Por su parte, la senadora Mariana Gómez del Campo del PAN, consideró que el Congreso no ha tenido la capacidad de legislar en el tema de la regulación de manifestaciones, plantones y mítines en el país y que esto no es exclusivo de la Ciudad de México, e insistió en legislar sobre la materia encontrando un equilibrio entre la libertad de expresión y de tránsito.

 

“Lamentamos la muerte de estos niños, pero ¿cuántos casos más existen?; incluso”, precisó, “hay personas que no llegan a su trabajo por las mismas cuestiones, que incluso lo pierden por una manifestación”.

 

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña, señaló que se debe buscar un punto medio que permita que los derechos puedan ejercerse sin afectar o afectar lo menos posible los derechos de terceros. El asunto detrás de quienes se manifiestan, argumentó, es la exigencia de una responsabilidad que las autoridades no han atendido; es un derecho constitucional.

 

“Es de sentido común solicitar el paso de vehículos de emergencia cuando hay una manifestación”, enfatizó.

 

Incluso el diputado Emilio Salazar Farías, del PVEM, subrayó que está de acuerdo con la libre manifestación de las ideas, pero no en afectar el derecho al libre tránsito en perjuicio de terceros.

 

Como legislador por el estado de Chiapas, recalcó que los responsables fueron detenidos y que se solicitará al Estado resarcir los daños.  dmh