La subcomisión de Juicios Políticos de la Cámara de Diputados, instancia encargada de revisar en primer término si es viable o no un juicio político contra un servidor público, podría reunirse por primera ocasión –luego de su instalación el próximo 24 de mayo.
La copresidente de la subcomisión, Mercedes Guillén Vicente (PRI), comunicó de manera “informal” esta fecha a los integrantes del órgano; ayer, 24HORAS informó que la subcomisión no se ha reunido desde el 21 de abril pasado.
La diputada priista rechazó “categóricamente” que ella o su correligionario Álvaro Ibarra Hinojosa estén dilatando la discusión sobre las solicitudes de más de 300 juicios políticos presentadas desde 2003 a la fecha.
Guillén Vicente explicó que en la reunión que se prevé realizar el 24 de mayo se “dará cuenta de entrega y se establecerá un mecanismo para abordar su estudio”.
Documentos resguardados
Cabe destacar que la Secretaría General de la Cámara de Diputados resguardó por 13 años las solicitudes de juicio político (que se fueron acumulando) y una vez instalada la subcomisión se hizo entrega de las cajas con este material.
El acuerdo de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro para la creación de este órgano establece un transitorio respecto a que el análisis debe hacerse de manera cronológica respecto a la presentación de solicitudes. Pero, por poner un ejemplo, hay solicitud de juicio político contra los panistas Alonso Lujambio y Juan Francisco Molinar Horcasitas, quienes ya fallecieron.
El diputado del PRD e integrante de la subcomisión, Rafael Hernández Soriano, adelantó que durante esta reunión exigirá que el análisis de las peticiones se haga a partir de casos vigentes, incluso de aquellas solicitudes que involucren a funcionarios públicos ligados a su partido. Las solicitudes más recientes involucran nombres como el del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, o el candidato del PAN-PRD a la gubernatura de esta entidad, Miguel Ángel Yunes Linares.
El artículo 9 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece a la letra que el “juicio político sólo podrá́ iniciarse durante el tiempo en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión, y dentro de un año después de la conclusión de sus funciones”.
Desde el punto de vista de los perredistas, el transitorio del acuerdo de la Jucopo no puede estar por encima del ordenamiento federal.