Las organizaciones de la sociedad civil que participaron en los grupos de trabajo para elaborar los documentos bases de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción y que impulsaron la iniciativa Ley 3 de 3, demandaron al Senado proceder a  convocar a un período extraordinario de manera inmediata, al margen de las declaraciones de actores políticos y ruido mediático que buscan demeritar acuerdos y avances importantes sobre el tema.

 

“La frustración y el enojo social en torno al problema de la corrupción es enorme. Pedimos a los senadores que no retrasen estas deliberaciones al poner por delante consideraciones de tipo político electoral. No hay motivo alguno para posponer su discusión y eventual aprobación hasta el mes de junio”.

 

A través de un documento firmado por 19 integrantes de Fundar, Transparencia Mexicana, Centro de Estudios Espinoza Yglesias, CIDE, entre otras organizaciones civiles y académicas, los especialistas consideraron que “toda aproximación a confrontar el desafío de la lucha contra la corrupción implica un complejo proceso de construcción institucional que depende no sólo de un tema o de un artículo específico sino del conjunto todas las leyes que conforman el SNA”.

 

Reconocieron que en  la Ley General de Responsabilidades Administrativas o Ley 3 de 3, que el PAN y el PRD hicieron suya, el PRD agregó algunos artículos que la enriquecieron y que sirvió de base para la elaboración de los documentos que los senadores del PRI-PVEM. Raúl Cervantes Andrade y Pablo Escudero Morales, presentaron a los coordinadores de sus respectivas bancadas, también advirtieron importantes coincidencias con la originalmente presentada por las organizaciones sociales.

 

“Éstas, incluidas la constancia de la declaración anual de impuestos y la obligación de presentar una versión pública de las  declaraciones de intereses y  patrimonial para los tres órdenes de gobierno que no existe actualmente, pueden consultarse en los cuadros anexos. La decisión final sobre el contenido de las leyes, específicamente sobre los datos y campos que incluya la versión pública de la declaración patrimonial, tendrán que ser determinados por los senadores y diputados en el Congreso”.

 

No obstante, enfatizaron que faltan por ser elaboradas las reformas al Código Penal Federal y las de la Ley Orgánica de la PGR, que permitirían la puesta en marcha de una Fiscalía Anticorrupción en cuyo proceso de discusión también estarían participando, siempre y cuando se adopten nuevamente las reglas de Parlamento Abierto.