A casi dos años de la presunta ejecución extrajudicial de entre 12 y 15 personas en una bodega en la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, estado de México, el crimen permanence impune.
El Sexto Tribunal Unitario con sede en Toluca ordenó dejar en libertad, por falta de elementos para procesar, a los tres soldados del 102 Batallón de Infantería acusados de homicidio, encubrimiento y modificación ilícito de vestigio del hecho delictivo, por los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014.
Ellos eran los últimos procesados por el fuero civil en el Caso Tlatlaya; los otros cuatro acusados fueron liberados en marzo por el Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Toluca.
Los soldados estaban presos en la prisión militar del Campo Militar Número 1-A, en la Ciudad de México, donde enfrentaban un juicio civil y otro militar.
En respuesta a la decisión del Sexto Tribunal Unitario, la Procuraduría General de la República informó que aportará pruebas que acrediten la responsabilidad de Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides para que se les dicte auto de formal prisión y enfrenten proceso.
El Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh), señaló a la PGR las fallas en la investigación ministerial del Caso Tlatlaya y resaltó que, aunque la indagatoria sigue abierta, aún no queda esclarecido cómo sucedieron los hechos.
El 30 de abril de 2014, un grupo de soldados ubicó una bodega donde se escondieron civiles armados y al intervenir se registró un enfrentamiento que dejó como saldo 22 muertos, presuntamente integrantes del crimen organizado.
La Sedena dio a conocer que fueron liberadas tres mujeres privadas de su libertad y fueron aseguradas 25 armas largas.
Sin embargo, una testigo a la que se llamó Julia, relató que luego del enfrentamiento los agresores se rindieron, y entre 12 y 15 fueron ejecutados por los militares quienes les sembraron armas y, con la complacencia de personal de la Procuraduría General de Justicia del estado de México, fue alterada la escena del crimen, torturaron a las mujeres y no investigaron los hechos.
Por este motivo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 51/2014 a la Sedena y al Gobierno del estado de México.
Y en la procuraduría militar
En cuanto al juicio militar, en octubre de 2015, el juzgado sexto militar de la Secretaría de la Defensa Nacional dictó sentencia absolutoria a favor de Acevedo López, Samuel Torres López, Fernando Quintero Millán, Leobardo Hernández Leónidas y Julio César Guerrero Cruz, acusados del delito de infracciones de deberes militares.
El séptimo elemento, el teniente Ezequiel Rodríguez Martínez, fue condenado a un año de prisión por desobediencia, condena que ya cumplió durante el proceso.