El Gobierno español ha prohibido a los asistentes a la final de la Copa del Rey que disputarán el domingo el Barcelona y el Sevilla en el Vicente Calderón de Madrid introducir banderas independentistas catalanas, lo que ha motivado que el presidente de gobierno de esta comunicad autónoma, Carles Puigdemont, anuncie que no irá al partido.
El Ejecutivo español ha decidido prohibir la exhibición de las banderas independentistas catalanas al entender que la Ley del Deporte prohíbe este tipo de símbolos, según han explicado fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid.
En concreto, la ley contra la violencia en el deporte prohíbe «la exhibición en los recintos deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte organizados para acudir a los mismos de pancartas, símbolos, emblemas o leyendas que, por su contenido o por las circunstancias en las que se exhiban o utilicen de alguna forma inciten, fomenten o ayuden a la realización de comportamientos violentos o terroristas, o constituyan un acto de manifiesto desprecio a las personas participantes en el espectáculo deportivo».
La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, ha argumentado que el fútbol no tiene «que convertirse en escenarios de confrontación política».
Pero la medida ha soliviantado al gobierno autónomo catalán, hasta el punto de que Puigdemont ha anunciado que no asistirá a la final por una «grave vulneración del derecho de expresión de miles de catalanes».
Ha recordado el presidente de la ‘Generalitat’ que la bandera estelada es «perfectamente legal y democrática» y es una bandera «sostenida en las manos de millones de catalanes» que ven en ella «un símbolo de libertad».
En una línea similar, el vicepresidente del Gobierno catalán, Oriol Junqueras, ha tildado de «incomprensible» la decisión de prohibir una bandera «plenamente democrática».
El propio FC Barcelona ha expresado en un comunicado su «desacuerdo más absoluto» con la decisión.
«El FC Barcelona considera que esta decisión es un atentado a la libertad de expresión, un derecho fundamental de todo individuo a expresar ideas y opiniones libremente y sin censura, reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos», añade el comunicado.
El club asegura que ha defendido «la libertad de expresión de sus socios y aficionados, que han demostrado siempre un alto nivel de civismo y respeto», y por ello hace un llamamiento «al sentido de la responsabilidad y exige a la delegada del Gobierno que colabore en la creación del buen clima que debe presidir la celebración de la final de la Copa del Rey».
El Barcelona reclama en su comunicado que se respete «la honorabilidad y que no se provoquen incomodidades a las instituciones implicadas en esta final».
La decisión ha despertado dudas en juristas y sindicatos policiales, que cuestionan su encaje legal y ven además de difícil aplicación una medida que puede fomentar lo contrario de lo que se pretende.
El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, ha considerado la decisión «desproporcionada» y ha dicho a Efe que su encaje legal «es más que dudoso».
Bosch ha aventurado que supondría una limitación a la libertad de expresión, una idea que comparte el presidente de la Unión Progresista de Fiscales, Álvaro García, para quien ese derecho está «por encima de todo» y no debería asociarse la exhibición de una estelada con una incitación a la violencia ni compararla con otros símbolos como la esvástica nazi.
La delegada del Gobierno ha explicado anteriormente que los asistentes al campo tendrán que pasar por dos «exhaustivos» anillos de seguridad en los que serán cacheados por la policía para evitar la entrada de objetos prohibidos.
Por su parte, Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, ha reconocido a Efe que la bandera independentista puede dar lugar a una confrontación política, pero su prohibición no tenía que haberse asignado al artículo de la ley del deporte que prohíbe los símbolos que inciten a la violencia.