La senadora del PRD, Angélica de la Peña denunció que la falta de supervisión y estricto cumplimiento de la ley, reglamentos y normas oficiales mexicanas por parte de las autoridades municipales de Guadalajara y Tonalá, Jalisco, ha permitido la proliferación de centros de rehabilitación como los operados por la asociación “Despertar Espiritual”.
Recordó que la intervención de dichos centros de rehabilitación no se debió a las autoridades municipales sino a la denuncia interpuesta por una mujer ante la Fiscalía General de Jalisco debido a que no le permitían llevarse a su familiar e incluso fue retenida hasta pagar una cantidad para ser liberadas, como dan cuenta medios de comunicación locales.
Indicó que si bien la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco (Coprisjal), elabora un registro de estos centros de rehabilitación y realiza inspecciones, las autoridades municipales no pueden eludir su responsabilidad.
La senadora del PRD resaltó que es muy preocupante que las autoridades de Guadalajara y Tonalá, incluidos los DIF municipales, desconozcan lo que ocurre al interior de los centros de rehabilitación y albergues instalados en su demarcación y carezcan de un programa de visitas sorpresivas a fin de constatar la situación en que se encuentran.
Según información oficial, en Jalisco se encuentran instalados 173 albergues para adictos, 121 de ellos en la Zona Metropolitana de la Ciudad de Guadalajara, dato que dispara las alarmas, pues se encontraron internadas hasta ahora a 430 personas, 112 de ellas menores de 18 años de edad, quienes vivían en condiciones infrahumanas y recibían tratos crueles y probable tortura, situación que recuerda el caso de Rosa María Verduzco “Mamá Rosa” pero multiplicado. (Con información de NoticiasMVS)