La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció hoy la suspensión de los dos periodos de sesiones restantes para 2016, debido a la falta de fondos derivada de la extrema crisis financiera que enfrenta desde hace varios años.

 

El organismo hemisférico adelantó igualmente el despido del 40% de su fuerza laboral, cuyos contratos vencen este próximo 31 de julio, debido igualmente a que no cuenta con recursos, “ni con la expectativa de recibir fondos, para poder renovarlos”.

 

En un comunicado difundido aquí a propósito de esta crisis, la Comisión calificó de “alarmante” el hecho de que esta situación resultara en el desmantelamiento de áreas esenciales en el cumplimiento de su mandato.

 

“La CIDH expresa su profunda aflicción ante las víctimas, los peticionarios y las organizaciones de la sociedad civil que tenían planificado participar en audiencias, reuniones de trabajo y otros espacios previstos para las sesiones de octubre”, precisó.

 

 

 

Explicó que la suspensión de las sesiones tendrá un impacto directo en su capacidad de avanzar en el procesamiento de las denuncias de violaciones a los derechos humanos, por ser en estas sesiones donde se analizan, debaten y aprueban informes sobre peticiones y casos.

 

“Resulta igualmente perturbador el estado de indefensión en que quedarán miles de víctimas de violaciones a los derechos humanos. Será inevitable que el retraso procesal que se estaba intentando reducir vuelva a aumentar y llegue a un punto incompatible con el derecho de acceso a la justicia”, precisó.

 

En meses recientes, la CIDH y su Secretaría Ejecutiva han hecho todos los esfuerzos a su alcance para confirmar donaciones que estaban previamente conversadas, pero desafortunadamente no prosperaron.

 

Estas donaciones, provenientes tanto de países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), así como de Estados observadores, complementan en más de un 30 por ciento el presupuesto total de la CIDH, que en 2015 fue de ocho millones de dólares.

 

Ante este escenario, la Comisión exhortó a los países miembros, los países observadores y otros posibles donantes a realizar aportes financieros urgentes y de libre disposición para lograr este objetivo, antes del 15 de junio próximo.

 

Hizo un “enérgico llamado” a los Estados miembros de la OEA a asumir su responsabilidad con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y confió que en su Asamblea General de junio, la OEA adopte una decisión histórica y trascendental, que refleje su compromiso con la defensa de los derechos humanos.