El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz (PRI), delineó la agenda que se discutirá durante el periodo extraordinario de sesiones, que se realizará después de las elecciones.
Detalló que del 13 al 17 de junio no sólo se erigirá el Pleno como Jurado de Procedencia para aprobar el eventual desafuero de la diputada local de Sinaloa, Lucero Sánchez (PAN), presuntamente vinculada al narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán, sino que se discutirán otras tres leyes en materia de justicia penal.
Los ordenamientos que se debatirán son necesarios para que el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Adversarial pueda fortalecerse, ya que el plazo de su instrumentación en el país vence el 18 de junio.
Se trata de las minutas de Justicia para Adolescentes, de Ejecución Penal, una más relacionada con la delincuencia organizada y otra para prevenir y sancionar actos de tortura, las cuales envió el Senado el 29 de abril pasado.
En cuanto al Sistema Nacional Anticorrupción, Camacho Quiroz informó que hay adelantos significativos y “el compromiso de todos los partidos de acercarse, en el diálogo para construir un dictamen que todos puedan suscribir”.
En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva (PRD), solicitó que en la agenda a discusión se incluya también la aprobación de la Ley General Contra la Desaparición Forzada.
Zambrano hizo un llamado a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para que dictamine dicha legislación, pues el Congreso incurre en incumplimiento constitucional y se falta al mandato reglamentario, porque no está abordando asuntos que le han sido turnados.
El perredista lamentó que mientras prevalece la preocupación de que no se aprobará el Sistema Nacional Anticorrupción, haya omisión con la Ley General Contra la Desaparición Forzada.
4 iniciativas en materia de Justicia Penal se prevé que apruebe la Cámara de Diputados en el extraordinario, que incluye tortura, crimen organizado, justicia para adolescentes y ejecución penal.