Las desapariciones forzadas y asesinatos, la delincuencia y la violación constante de los derechos humanos, son los daños colaterales de la violencia institucionalizada que se vive en México, aseguró la diputada Araceli Damián González (Morena).
Al inaugurar el foro “Las continuas violaciones a los derechos humanos en México: De la guerra sucia a Ayotzinapa”, la legisladora indicó que en el país “actualmente vivimos una violencia institucionalizada”.
Resaltó que la violencia no es nueva, pero ha tomado un carácter explosivo y se debe tener claro que la responsabilidad de estos problemas sociales y de seguridad, recaen directamente en el Estado.
“Es el Estado el responsable porque no ha dotado de las condiciones materiales que eviten las muertes y las desapariciones forzadas, porque no ha reducido la enorme desigualdad social, porque ha dejado en impunidad a los asesinos y a los desaparecidos, y porque ha permitido la corrupción sin medida y el abuso de autoridad”, sentenció.
Durante la administración del presidente Felipe Calderón (2006-2012), explicó, se reconocieron más de 26 mil personas desaparecidas y actualmente se habla de más de 28 mil, pero la cifra es sólo de las víctimas que reconoce el Estado.
Además, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contabiliza a dos mil 443 servidores públicos vinculados en delitos de desaparición forzada desde 2005 y todos están impunes, a pesar de las recomendaciones que se han emitido en relación a este delito.
En junio de 2014, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) registró 72 averiguaciones previas de casos de militares involucrados en casos de desaparición forzada entre 2006 y 2014.
Damián González advirtió que el “uso de la fuerza pública bajo el argumento de que nadie puede estar por encima de la ley, solo legitiman la represión para conservar la violencia institucional disfrazada de estabilidad social”.
El diputado Juan Romero Tenorio (Morena) lamentó que el tema de desaparición forzada no se plantee como una prioridad en la agenda legislativa del país.
Manifestó que “existen muchas estrategias para borrar hechos, que son delitos de lesa humanidad, y que, a través de formalismos jurídicos, se evade la responsabilidad, la obligación del Estado de garantizar derechos básicos, como el derecho a la vida, a la integridad física y psicológica”.
Dijo que en México todo acto se criminaliza, se vincula con la delincuencia y se justifica al Estado en una llamada guerra contra las drogas.
TPC