Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especial Para la Atención de Delitos Electorales de la PGR contó en entrevista que, a diferencia del pasado cuando había urnas embarazadas, mapaches y carruseles, los delincuentes han cambiado su modus operandi y hoy en día los ilícitos más frecuentes que se cometen son el turismo electoral y la violencia política de género, aunque asegura que no hay focos rojos. En la administración de Nieto Castillo la Fepade suma 785 denuncias por turismo electoral.

 

– Falta poco para las elecciones que se llevarán a cabo en 14 entidades, ¿nos puede explicar en qué consiste el Protocolo de Violencia Política de Género?

 

-El Protocolo es resultado de una actividad institucional de varios órganos del Estado mexicano, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el INE, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Secretaría de Gobernación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la FEPADE, hemos trabajado de manera conjunta a efecto de establecer cuáles son los canales de actuación a fin de atender aquellos casos relacionados a la política de género.

 

En realidad, lo que sucedió durante el proceso electoral 2014-2015, la Fiscalía empezó a recibir un número cada vez más importante de denuncias relacionadas con actos de violencia en contra de mujeres, eran desde el robo de la credencial de elector afuera de las casillas, hasta los ataques e incluso pérdida de la vida de candidatas y presidentas municipales electas. Esto llevó a una reflexión importante sobre qué se podía hacer en materia de política de género… como pudo ser el caso de Lorena Nava, en Oaxaca, o algunos otros casos que se presentaron en Tabasco, Colima y Oaxaca, la Fiscalía inició las averiguaciones previas y en su caso consignó y se liberaron órdenes de aprehensión en contra de las personas que habían atacado a las funcionarias electorales.

 

Muchos de otros casos en contra de las candidatas en realidad son actos que generan temor al electorado para que no vaya a votar y, por tanto, ante esa realidad, lo que sucedió fue que varias instituciones del Estado nos pusimos de acuerdo para generar este protocolo.

 

-Fiscal, del total de denuncias ¿cuántas se lograron consignar con o sin detenido?

 

-Nosotros en el año 2015 consignamos 951 averiguaciones previas y nos han liberado 75% de las órdenes de aprehensión en este momento, estamos en proceso de cumplimentación de las órdenes de aprehensión, pero con un rasgo importante, el objetivo en nuestra administración ha sido combatir el turismo electoral, combatir el condicionamiento de programas sociales, la compra de votos y no necesariamente ir contra la persona que genera el acto ilícito, sino sobre todo contra los instigadores, quienes son los instigadores del turismo electoral o quienes generan el condicionamiento de programas sociales. Por ejemplo, el caso del ex secretario de Desarrollo Social de Colima, esta persona que coaccionó a sus subordinados y condicionó el ejercicio del programa, estaba cometiendo conductas delictivas, se consignó y se libró la orden de aprehensión.

 

-El turismo electoral lo entiendo como un concepto, pero ¿en la legalidad qué significa?

 

-Lo que sucede es que grupos de personas, sobre todo para las elecciones municipales, son movilizados de un municipio a otro o de un estado a otro, colindantes, para efecto de inflar el listado de electores en aquellos lugares donde va a haber proceso electoral y tenemos movimientos muy claros, hace algún tiempo tuvimos movimiento de Baja California y Sinaloa hacia Sonora, otro que es muy relevante, de Yucatán a Quintana Roo o de regreso, y flujos de turismo electoral hacia Veracruz.

 

Recientemente la Fepade participó con el INE en un operativo conjunto para detener a 280 personas que iba de Chalco hacia Oaxaca, para darse de alta en el listado nominal de electores en el municipio de San José Independencia, Oaxaca, en enero de este año, y con ello se lograron dos cosas: uno, detener por primera vez a los instigadores, eran siete personas que iban acompañando los camiones, y dos, se logró con el INE, que estás personas fueras dadas de baja del listado nominal de electores y que no puedan participar en los comicios del 5 de junio.

 

El Artículo 13 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales establece que se impondrá una sanción de tres a siete años de prisión a aquellas personas que alteren o participen en la alteración del Registro Federal de Electores o que movilicen a personas para cualquier contraprestación o dádiva para que den datos falsos ante el Instituto Nacional Electoral.

 

-Fiscal, en épocas pasadas, no tan lejanas, se decía que había embarazo de urnas, mapaches y ruletas, acciones que eran el modus operandi para ganar elecciones en aquel momento, ahora ¿qué es lo que se está presentando con mayor frecuencia en las elecciones?

 

-Tenemos cinco tipos de denuncias fuertes en este proceso electoral. Uno, el más relevante cuantitativamente ha sido el turismo electoral, el segundo tema que nos ocupa es la violencia política de género, como un elemento que se está presentando de manera constante en las denuncias, el tercer tema es la compra de votos o condicionamiento de programas sociales, esto se está dando en varios estados de manera significativa, por ejemplo hay muchas denuncias en el estado de Veracruz, en el estado de Quintana Roo relacionados con estos temas.

 

Un cuarto elemento pueden ser el temor o intimidación hacia los electores y el financiamiento ilícito hacia las campañas, por ejemplo, esto lo tenemos como uno de los elementos a investigar en las denuncias recientemente presentadas en Tamaulipas y Veracruz, y finalmente, hemos tenido casos de candidaturas independientes en varios estados de la República donde el tema ha sido la falsificación de firmas para los procesos de integración de las cédulas de apoyo ciudadano. Estos son los nuevos ejes temáticos de las denuncias que se presentan en la Fiscalía.

 

Ahora, sí lo quiero plantear, creo que es muy importante decirlo: se trata sobre todo de casos de excepción, la Fepade no ve focos rojos a este proceso electoral, lo que tenemos son zonas de atención y en esas zonas estamos trabajando para brindar mejores condiciones para que los ciudadanos y ciudadanas acudan a emitir su sufragio. Esto es muy importante, la Fiscalía trabaja en los casos de última instancia, sin embargo, la cotidianeidad debe irse por los cauces normales y tiene que ser el INE y el Tribunal Electoral los actores centrales dentro del proceso y no la Fepade. Ésta tendrá que actuar sólo en aquellos casos que se violente la normatividad penal electoral.

 

-Fiscal, ¿son en ese orden los de mayor frecuencia?

 

-Sí, nada más para dar más datos: en el año 2015 iniciamos mil 500 averiguaciones previas y se iniciaron más de 2 mil 500 actas circunstanciadas, para este proceso electoral tenemos entre carpetas de investigación por la transición al Nuevo Sistema Penal Acusatorio, averiguaciones previas y actas circunstanciadas mil 538 indagatorias con las que está trabajando la Fiscalía. Esto es importante porque el proceso electoral 2015 abarcó todo el país y ahorita sólo vamos a tener comicios en 14 entidades, sin embargo, refleja que hay confianza en la institucionalidad penal electoral en virtud de que se presenta un número mayor de denuncias de todos los partidos políticos.

 

El nivel de consignaciones en 2014 fueron sólo 62 averiguaciones previas para 2015 habíamos consignado 951 y esperamos para 2016 superar más de mil consignaciones y audiencias iniciales relacionadas con estos procesos electorales de carácter local en las entidades.