Todas las empresas con que trabaja el gobierno de Veracruz están registradas en un padrón de proveedores y contratistas y todos sus contratos se licitan conforme a ley, indicó la administración de Javier Duarte, en respuesta a un reportaje sobre la entrega de contratos en 2012 y 2013 a una red de firmas fantasma por 645 millones de pesos para la compra de productos que debían destinarse a población vulnerable y nunca llegaron a su destino.
El portal Animal Político publica hoy la primera de tres partes de un especial titulado “Desaparece el gobierno de Veracruz 645 millones de pesos; entrega el dinero a empresas fantasma”, en el cual señala irregularidades en la entrega de 73 contratos a 21 empresas en el periodo referido.
En una carta, Alberto Silva Ramos, coordinador general de Comunicación Social estatal, precisa que para ser empadronadas las empresas debieron entregar actas constitutivas, RFC, comprobante de domicilio, estados financieros auditados del ejercicio inmediato anterior, curriculum vitae, entre otras.
E incluso refiere que todas las empresas pasan por comités integrados por la iniciativa privada y el sector público.
Sobre las empresas mencionadas en el trabajo periodístico, el documento señala que momento de su contratación contaban con la documentación necesaria para participar en una licitación estatal y que ahora siguen activas y declaran impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
“Cada empresa tiene una CUENTA POR LIQUIDAR (CL, un tipo de número de proveedor) que está cargada en el Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV) y debe cumplir con requisitos como un contrato, una fianza y un proceso licitatorio”, señala el documento.
Añade que los servicios prestados por dichas empresas cumplieron satisfactoriamente las metas del contrato y que el gobierno pagó puntualmente.
Explica que cuenta con soporte documental y fotográfico que valida que los bienes productos y servicios contratados fueron aplicados a los programas respectivos.
Precisa que todos los contratos se licitan conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Adquisiciones del Sector Público y que el proceso es transparente y hasta el momento no tiene señalamientos de que hubiera algo irregular o un daño patrimonial de parte de la Contraloría General del Estado o del Órgano Fiscalizador del Estado. Añade que todas inconsistencia observada ya ha sido solventadas en tiempo y forma.