El rector de la Universidad Autónoma del Estado del Morelos (UAEM), Alejandro Vera y el secretario de Comunicación de dicha casa de estudios, Javier Sicilia, se han distraído en los últimos días de sus labores académicas en horarios de clase, por asistir a las exhumaciones que se llevan a cabo en la fosas de Tetelcingo.
Dichas labores que son competencia de expertos forenses, antropólogos, familiares de las víctimas de delitos, así como de la Fiscalía de Morelos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República (PGR), han sido usadas por los académicos como estandarte de sus intenciones políticas.
Ambos personajes que luchan por los derechos de la población morelense dejaron a los estudiantes del estado a la deriva, a pesar de los altos salarios que gozan.
Vera recibe un salario mensual de 106 mil 350 pesos, Sicilia de 90 mil 210; mientras que María Elena Ávila Guerrero, esposa del rector y quien también está en las filas de la Autónoma como directora general de Planeación Institucional, con un ingreso de 58 mil 920 pesos.
Obligarán a transparentar nómina
El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística ordenó a la UAEM hacer pública su nómina a petición de un ciudadano, a lo que la universidad se negó aduciendo razones de seguridad y buscó el amparo de la justicia federal, mismo que se le negó el 20 de mayo de 2016.
Tan solo en marzo de 2015 la Auditoria Superior de la Federación (ASF), detectó un fraude por 396 millones de pesos por parte de la UAEM, derivado de un convenio por 700 millones de pesos firmado en 2013 con la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol).
De acuerdo a la información de la ASF, esta casa de estudios utilizó los recursos provenientes del Gobierno Federal en subcontratar “de manera sospechosa” a cinco empresas, a las que pagó pese a múltiples irregularidades en la realización de los servicios.
Vera argumentó que se atenta contra sus “derechos” por haber modificado el artículo 30 de los Lineamientos para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia y establecer que los sujetos obligados a cumplir la Ley en la materia, deberán publicar en su página web el nombre completo de los empleados o servidores públicos que reciben un sueldo con cargo al erario.
En una interpretación a modo de la ley, el rector invocó varios artículos de la Constitución que, según su análisis, lo “protegen” de cumplir con la disposición.