Por violaciones a la libertad de expresión y acceso a la justicia contra un reportero en Reynosa, Tamaulipas, la CNDH le dirigió la Recomendación 19/2016 al gobernador de la entidad, Egidio Torre Cantú.
En un comunicado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, detalló que el periodista agraviado (cuyo nombre no fue revelado), sufrió una agresión de policías estatales e incluso fue detenido bajo acusación de haber atacado a los uniformados.
Los hechos ocurrieron el 28 de julio de 2014, cuando el reportero asignado a la cobertura de la información policiaca se presentó en las instalaciones de la Policía Estatal en Reynosa, a donde no se le permitió el acceso.
Sin embargo, antes de retirarse, el reportero observó que entraba un convoy de cinco vehículos policiacos y un camión sin distintivos de la corporación, de lo cual tomó fotografías desde la calle.
Pero los policías que cuidaban la puerta de la corporación lo increparon y lo golpearon, además de quitarle su cámara y su celular, para luego introducirlo a las oficinas, donde lo presentaron ante el jefe de la Policía, quien también le cuestionó por tomar fotografías.
El periodista fue puesto a disposición del Ministerio Público y recluido en las celdas de la policía preventiva municipal, donde cinco horas después se le permitió hablar con su defensor y su esposa.
Ellos le informaron que se le acusaba de agredir física y verbalmente a los policías, lo que supuestamente configuraba el tipo penal de delitos contra servidores públicos, por lo que se abrió una averiguación previa.
“De la evidencia recabada durante la investigación, la CNDH ve materializada la violación del derecho humano a la libertad de expresión, pues la autoridad no justificó por qué los agentes cuestionaran al reportero que tomaba fotografías en la vía pública”.
La Comisión detalló que no se trató solo de preguntarle, sino inclusive impedir que tomara fotos, “situación contraria al derecho a la libertad de expresión, pues se impidió la actividad que realizaba el periodista de allegarse y difundir información a la sociedad”.
También se acreditó violación al derecho humano de acceso a la justicia, ya que el agente del Ministerio Público, no actuó con la debida diligencia, al no garantizar sus derechos como imputado previstos en la Constitución y omitió integrar debidamente la indagatoria.
Según la Comisión, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, utilizaron la criminalización del reportero como medio contra la libertad de expresión, en hechos que aún no determina el juzgado correspondiente.
En ese sentido, la Comisión recomendó a las autoridades estatales implementar acciones para que los servidores públicos del Ejecutivo federal “respeten el trabajo que llevan a cabo los periodistas, comunicadores y medios de información en el Estado”.
También le solicita reparar el daño al agraviado; impartir cursos de capacitación en protección a los periodistas; así como colaborar con la CNDH en la presentación de las denuncias que formule contra los servidores públicos involucrados.