La Norma Emergente de Verificación Vehicular 167, que entrará en vigor el 1 de julio, carece de acciones a largo plazo  y se concentra en  medidas  de corto alcance, de las cuales se desconoce su efectividad en relación a los centros de atención vehicular y al tema de corrupción, consideró Daniel Zamudio, coordinador del área Transporte Eficiente de El Poder del Consumidor.

 

Dijo que  no se ha hablado de las medidas de prevención o castigo para quienes cometan actos de corrupción.

 

“Incluso, en el mismo código penal de la Ciudad de México hay un artículo, que es el 257, en el que especifica que cualquier tipo de entrega de documentación de una forma incorrecta en los centros de verificación, tiene que ser castigado”, refirió en entrevista con 24 Horas.

 

Zamudio señaló que siguen quedando en el aire  las propuestas de una inversión fuerte y acciones serias para mejorar el transporte público.

 

“Creemos que es fundamental, y el mismo Centro Mario Molina lo ha dicho, que cualquier iniciativa de prevención o de control de emisión de contaminantes aunado al control vehicular, tiene que estar sumado a una promoción de transporte público masivo, pero con una visión metropolitana y a largo plazo”, expuso.

 

Resaltó que no basta con aplicar la ley, sino modificar las sanciones, establecer una agravante cuando haya daños a la salud,  así como desalentar el uso del automóvil privado.

 

En tanto, Gustavo Alanís, fundador y director general del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) reconoció  que la norma -como una acción aislada- no resolverá el problema de la mala calidad del aire que se ha agravado en los últimos meses en la Zona Metropolitana del Valle de México.

 

Calificó como urgente implementar acciones integradas de política pública, que incluyan esquemas de incentivos para la renovación y mejoramiento del servicio transporte público; la actualización de las normas de vehículos nuevos, como la 042 y 044.

 

Al corralón

 

En tres semanas y media, la Secretaría de Seguridad Pública capitalina ha remitido al corralón a 600 vehículos de carga públicos y privados altamente contaminantes, informó el titular de la dependencia, Hiram Almeida Estrada.