El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, urgió al Legislativo la aprobación esta misma semana de las minutas relacionadas con el Sistema Nacional Anticorrupción. Esto después de que, hace unas semanas, representantes del sector patronal viajaron a la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en París, para denunciar el retraso en el debate legislativo.
En una entrevista con 24 HORAS, Castañón dijo que se trata de una demanda de la sociedad (y del propio sector empresarial) que traerá importantes beneficios, como una mayor confianza para invertir en el país.
“Hemos confiado y llamamos a los legisladores para que hagan un esfuerzo para llegar a acuerdos en esta materia, porque es algo que la sociedad está demandando”, dijo.
En mayo pasado, representantes de la Coparmex entregaron en París cartas dirigidas a representantes de la OCDE, incluido su secretario General, José Ángel Gurría, en las que hacen la petición formal para que la comunidad internacional apoye a la sociedad mexicana en la exigencia de contar, a la brevedad, con un Sistema Nacional Anticorrupción completo. La solicitud incluye que el organismo actúe como observador permanente en el proceso de aprobación de las leyes secundarias y, posteriormente, en la implementación del sistema.
Al respecto, Castañón aseguró que México requiere un sistema integral que sea atendido por una Fiscalía Especializada, con fuerza e independencia; que dote de mayor fortaleza a la Auditoría Superior de la Federación para poder intervenir en estos casos, y donde la Secretaría de la Función Pública esté reforzada para que tenga atribuciones de intervención en todo el territorio nacional.
“Requerimos tribunales especializados y un código penal y administrativo para que queden bien definidos los delitos que merecen una sanción administrativa o penal, para que el fiscal pueda perseguirlos; donde haya un consejo ciudadano que coordine a todos los titulares de las dependencias e instituciones involucradas para ir generando indicadores de gestión, de tal manera que se vaya perfeccionando el sistema”, aseguró.
Consultado sobre la gravedad del problema de la corrupción, dijo que para el sector privado el mayor impacto se observa en el costo-país, que se ubica entre 2% y 9% del Producto Interno Bruto (PIB). “Es un alto costo que nos evita mayor productividad, pero podemos abatir los indicadores de corrupción a través de un sistema confiable que dé resultados”.
Al referirse a los resultados de las elecciones pasadas, señaló que hubo un voto de castigo de la sociedad ante una gestión poco clara y poco transparente. Frente a esto, agregó, se abre para los partidos políticos la oportunidad de exigir gobiernos que generen confianza entre la población. “Esa es la lectura más amplia que podemos dar en los 14 estados que se celebraron elecciones.