La Procuraduría General de la República (PGR) cuenta con al menos 24 órdenes de aprehensión en contra de maestros que ocupan puestos destacados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Sección 22, aunque los nombres aún no han sido revelados.
Sin embargo, de acuerdo con una investigación de 24 HORAS, estos 13 maestros, con puestos clave en la Sección 22 cuentan con órdenes de aprehensión, por delitos del fuero común y otros del fuero federal, que no han sido cumplidas.
La lista la encabeza José Alberto García Raymundo, secretario de créditos, con orden de aprehensión concedida por un juez a la PGR; Gustavo Manzano Sosa, secretario técnico, a quien el año pasado le fue retenido su salario por la Secretaría de Hacienda; Benito Vásquez Henestroza, secretario de prensa y propaganda, acusado de motín; Rubén Juárez Osorio, secretario de pensiones y jubilaciones; Octavio Herrera Camilo, secretario de actas y acuerdos, también es buscado por la PGR; León Zaragoza Rosario, presidente de la Comisión de Pagos, con orden de aprehensión por delitos federales, lo mismo que Abelardo Salvador Carlos, presidente de Comisión de Escalafón.
Finalmente, aparece Claudio Felipe Mendoza García, integrante de la Sección 22, quien es titular de una de las cuentas que la organización sindical abrió en el Banco Santander para hacer transferencias con recursos de procedencia ilícita.
Entre los funcionarios destacados del Comité que ya fueron detenidos destaca Rubén Núñez, secretario general, capturado el domingo y trasladado al penal federal de Hermosillo, Sonora; Francisco Villalobos, secretario de organización, aprehendido en el Istmo de Tehuantepec el sábado pasado e ingresado al mismo Cefereso, y Aciel Sibaja Mendoza, secretario de finanzas, detenido en abril.
Otros profesores que ya fueron detenidos son Othón Nazariega y Efraín Gilberto Pérez acusados de delitos electores cometidos en las elecciones de 2015.
En el directorio del Comité también aparecen los nombres de Mónica Martínez López, secretaria de prevención y asistencia social; Isabel Dávila Rivera, secretaria de vivienda; Gerónimo Martínez Ambrosio, secretario de asuntos jurídicos; José Carlos López Sánchez, oficial mayor, quienes son investigados por las autoridades. En contra de estas personas no hay rastro de que sean buscadas por alguna autoridad judicial.