WASHINGTON. Legisladores demócratas presentaron hoy una iniciativa de ley para suspender la asistencia en materia de seguridad con Honduras, debido a la falta de resultados sobre el asesinato en abril de la activista ambientalista Berta Cáceres.
Los impulsores de la iniciativa en la Cámara de Representantes propusieron que los fondos sean rectivados hasta que haya una mejoría en materia de derechos humanos y un combate a fondo a la corrupción policial y en las filas castrenses.
El proyecto se vinculó al asesinato de Cáceres y la negativa del gobierno del presidente hondureño Juan Orlando Hernández a permitir la asistencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en las investigaciones sobre el crimen.
El congresista Hank Johnson, autor de la iniciativa, hizo ver que Estados Unidos aporta “millones de dólares para asistir con la infraestructura de seguridad en Honduras cada año”.
Sin embargo, dijo, “ha sido descubierto que estas mismas fuerzas atacan y asesinan activistas ambientales, laborales y aquellos quienes demandan derechos humanos básicos, como Cáceres”.
El proyecto, bautizado Ley Berta Cáceres de Derechos Humanos en Honduras, contempla suspender fondos y prohibir préstamos internacionales para la infraestructura de seguridad en ese país hasta que el gobierno responda a violaciones de los derechos humanos.
El Congreso autorizó en el presupuesto del Departamento de Defensa para el año fiscal 2016 una partida de 18 millones de dólares en asistencia a políticas y programas de Honduras para fortalecer y mejorar la seguridad.
Johnson consideró que es momento de que Estados Unidos envíe un mensaje más fuerte a Honduras, ejerciendo “una presión real y perdurable en el gobierno hondureño para proteger sus activistas y perseguir los responsables de estos indignantes crímenes”.
El congresista John Conyers, el demócrata de mayor rango en el Comité Judicial de la cámara baja y copatrocinador de la iniciativa, explicó que la propuesta es una manera más firme para insistir en el esclarecimiento del crimen de Cáceres.
Dijo que la iniciativa “asegurará” que los fondos para asistir la infraestructura de seguridad para la policía nacional y el ejército se entregarían sólo hasta que las autoridades hondureñas muestren un compromiso firme para llevar a los responsables a la justicia.
Cáceres fue asesinada a tiros el pasado 2 de abril en la ciudad de La Esperanza, departamento occidental de Intibucá, por hombres armados que ingresaron a su domicilio.
En abril pasado, Berta Isabel Zúñiga Cáceres, hija de la activista, denunció ante la CIDH la indiferencia de las autoridades de su país para esclarecer el crimen, tras lo cual la comisión otorgó medidas cautelares a la familia, incluyendo a la joven. |JMS