La escasa vigilancia que ejerce el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre los recursos que destinan las asociaciones religiosas para la manutención de sus ministros podría cambiar bajo el nuevo régimen que obliga a estas instituciones a reportar su contabilidad electrónica.

 

“Más adelante, dependiendo de los números que obtenga el SAT con base en la información que entreguen las iglesias, puede decidir si ejerce auditorías en su contra y de las personas que están a su servicio”, comentó Leticia Hervert, presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

 

Conforme a las disposiciones, la manutención de los ministros de las más de ocho mil 500 asociaciones está exenta del pago de impuestos cuando no supera el equivalente a tres salarios mínimos. Sin embargo, cuando ese monto supera seis mil 661 pesos mensuales, la iglesia está obligada a hacer la retención del Impuesto Sobre la Renta y presentar la declaración al SAT sobre las percepciones del ministro, explicó Raúl Castro, especialista fiscal de la Universidad La Salle.

 

Sin embargo, Hervert señaló que esta disposición no se cumple a cabalidad, porque el órgano regulador todavía no inicia los actos de fiscalización en contra de las iglesias. Además, dijo, los ministros son considerados como trabajadores sociales, por lo que la fiscalización es mucho más laxa para estos contribuyentes.

 

“Los requerimientos de presentar las declaraciones fiscales no son nuevos, están vigentes desde 2014, pero se les ha dado a las iglesias una integración gradual al cumplimiento de las obligaciones que tiene como límite hasta fin de este mes, para el envío de la contabilidad electrónica”. Sin embargo, agregó la especialista, mientras no exista un citatorio por parte del SAT, las iglesias pueden presentar sus declaraciones fuera de tiempo sin recibir penalizaciones.

 

Raúl Castro aclaró que se considera manutención cuando el monto no rebasa los tres salarios mínimos, en caso de que lo supere ya se considera como un sueldo, lo que implica una relación laboral y la Iglesia estaría obligada a otorgar seguridad social a los ministros, por ejemplo.