La Cámara de Diputados debatió ayer por más de ocho horas el nuevo andamiaje para combatir la corrupción en México, y al cierre de esta edición aprobó en lo general, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que establece la obligación de empresarios y servidores públicos de presentar su declaración patrimonial, de conflicto de interés y fiscal.
Se aprobó en lo general con 338 votos a favor, 110 en contra y cero abstenciones. El debate en lo particular incluyó 74 reservas de Morena, PRD, Movimiento Ciudadano y PAN.
Sobre esta ley, el coordinador del PAN, Marko Cortés Mendoza, aseguró que sus diputados permanecerían en el salón de Pleno hasta el último momento de la sesión para dar un fuerte debate y convencer a la alianza PRI-PVEM de cambiar la minuta del Senado.
Lo anterior con el objetivo de eliminar del artículo 32 la obligación de los empresarios de presentar ante órganos de control su declaración patrimonial cuando sus negocios involucren recursos públicos.
En votación nominal, los diputados rechazaron cambiar el artículo 29, por lo que se mantiene que las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas “salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución”.
Además, será el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, el órgano que emitirá los formatos para presentar y publicitar las declaraciones.
Al cierre de la edición, se aprobó en lo general y en lo particular la nueva ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que investigará a servidores públicos por cohecho, tráfico de influencias y conflicto de interés y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
Tampoco se había discutido la minuta relacionada con la Fiscalía anticorrupción ni las reformas al Código Penal Federal sobre los tipos penales relacionados con este tema.