La adición que el Senado de la República hizo de último momento a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como Ley 3 de 3, para que empresas con contratos públicos presenten una declaración patrimonial, fiscal y de intereses, fue calificada por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) como “excesiva, inadecuada y completamente inaplicable en la práctica”.
El presidente del organismo, Juan Pablo Castañón, aseveró que esta medida no contribuye a prevenir ni sancionar la corrupción, por el contrario, generará opacidad y desviará la atención de los procesos realmente relevantes para detectar y castigar esta práctica.
Mediante un comunicado, el representante del gremio destacó que los senadores no justificaron el fin para el cual se exigen estas declaraciones por parte de las empresas, y recordó que la solicitud ciudadana para que los funcionarios hagan público su patrimonio tienen un foco en el uso de recursos públicos en manos de los servidores públicos, no de los privados.
“Queda claro que sobre las modificaciones realizadas, no existe una utilidad clara para la propuesta de obligar a las personas físicas y morales a presentar sus 3 de 3”, apunta el organismo empresarial.
Castañón reprochó que durante todo el proceso de discusión de la ley, realizado en los últimos meses, la declaración de personas físicas y morales nunca fue un tema de debate en los grupos de trabajo con las diferentes bancadas.
“En ningún momento fue presentada a los legisladores ni a la sociedad, una propuesta de redacción, ni su justificación y alcances. Queremos transparencia y debate abierto, no ideas generadas a espaldas de la sociedad”, expuso.
La Ley 3 de 3 fue impulsada por organizaciones civiles, y apoyada por el sector empresarial, como una exigencia para que todo funcionario que maneje recursos públicos presente y haga públicas sus declaraciones de interés, patrimonial y de impuestos, a fin de evitar actos de corrupción y peculado.
El CCE aseguró que realizar estas declaraciones por parte de las empresas, como quedó redactada por parte del Senado, resulta imposible e inútil para prevenir la corrupción, además de invadir innecesariamente los derechos de las personas.
“La redacción propuesta en el Senado sugiere además que la obligación de presentar 3 de 3 incluirá tanto a las personas físicas como morales que sean proveedores del Estado Mexicano, así como a sus empleados y cónyuges (…) Estamos hablando de cientos de miles, o millones, de personas”, indicó el comunicado.