La Ley General de Responsabilidades Administrativas salió del Legislativo con “sabor a venganza” porque obliga a los ciudadanos que reciban recursos públicos a publicar su declaración mientras se opaca la de los funcionarios, denunció México Evalúa.

 

Esta ley, conocida como 3 de 3 y aprobada ayer tras meses de debate, modificó dos artículos, el 29 y el 32, ensombreciendo una iniciativa ciudadana que llegó al Legislativo tras reunir más de 600 mil firmas, explicó en entrevista con Efe la directora general de México Evalúa, Edna Jaime.

 

“El artículo 32 se metió sin discusión previa ni aviso y establece que toda persona física o moral que reciba recursos públicos tengan que presentar” su declaración patrimonial, fiscal y de intereses. “Tiene sabor a venganza”, aseveró Jaime, quien participó en la elaboración de la iniciativa.

 

Con esta modificación de última hora, se “pasa el costo” al ciudadano que recibe recursos, por ejemplo a través de un contrato o una beca, porque deberá hacer las tres declaraciones.

 

Controlar todos estos datos será, además, “difícil de operar”, agregó la experta, quien insistió en que esta decisión hay “un tufo de revancha”.

 

Este cambio también indignó a la patronal mexicana, que este jueves protagonizó una inédita manifestación en el centro de la Ciudad de México para exigir una legislación completa en materia de combate a la corrupción que conserve el “espíritu ciudadano” de la iniciativa.

 

Además, los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Verde Ecologista cambiaron el artículo 29 del proyecto para permitir que, en el caso de la declaración del patrimonio y de intereses, los funcionarios no estén obligados a publicar información que pueda “afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución”.

 

Según Jaime, esta modificación causó una “discordia importante” porque era el “corazón simbólico” de la campaña ciudadana.

 

“¿Qué esconden que están dispuestos a todo antes de hacer pública una declaración patrimonial?”, se cuestionó.

 

Los funcionarios deberán ahora entregar un formato público de declaración que aún está por definirse para que garantice el derecho a la privacidad.

 

“Este concepto es muy complicado porque no está definido jurídicamente” y enfrenta el derecho al acceso público de información y a la máxima publicidad frente al derecho a la privacidad, subrayó la especialista.

 

Este choque cuenta con un antecedente en 2011, cuando el centro Fundar pidió acceder a las declaraciones patrimoniales de los 500 diputados federales, pero la Auditoría Superior de la Federación se negó y la Suprema Corte resolvió en contra del amparo presentado por la ONG.

 

“Quienes promovemos la publicidad de la declaración patrimonial creemos que genera valor porque permite el escrutinio de los ciudadanos”, recordó hoy la directora de México Evalúa.

 

Lamentó que estos dos cambios sustanciales hayan opacado esta iniciativa que, no obstante, “avanza en temas muy importantes” que ayudarán a identificar y combatir la corrupción, como la tipificación de delitos y falta administrativas o los mecanismos de sanción e investigación.

 

Aun con ello, recordó que las mejoras en el plano normativo deben aplicarse de manera correcta.

 

Alertó que la más perjudicada de todo esto es la credibilidad de la clase política y del propio presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien tiene en sus manos la posibilidad de vetar la ley para que recobre su forma original, si bien Jaime vio “difícil” que pase.

 

Positivamente, recordó que los servidores públicos deberán seguir presentando sus declaraciones como ahora ante los órganos administrativos del Estado.

 

Y con esta ley, que forma parte de un paquete de siete reformas que darán dientes al Sistema Nacional Anticorrupción promulgado por Peña Nieto en 2015, espera que en lugar de que estas declaraciones engrosen “un archivo muerto”, se incluyan en un “sistema activo” que pueda detectar “alarmas” e identificar la corrupción.

 

De darse esto, “habremos dado un buen paso adelante, porque ahora las declaraciones no se verifican”, sentenció.

 

Este jueves la Cámara de Diputados también avaló la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, encargada de coordinar los organismos públicos de dicho esquema.

 

“Ambas leyes deben estar bien engarzadas para que puedan funcionar”, concluyó la fundadora de México Evalúa.