El Senado de la República revisará las observaciones que enviará el Ejecutivo Federal sobre el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, mejor conocida como 3 de 3 y que señala la obligación de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con Entes públicos de la Federación, de las Entidades Federativas y los municipios, a presentar su declaración patrimonial y de intereses.
No obstante para el coordinador del grupo Parlamentario del PRD, Miguel Barbosa Huerta, “es un error político solamente hacer un veto parcial al artículo 32 y no incluir al artículo 29”, como exigía la sociedad civil.
Consideró que el presidente de la República desaprovechó “esta gran oportunidad de poderse ver como un presidente sensible a los reclamos sociales. El reclamo del veto al 29 era mucho más grande, el reclamo social, de opinión pública, mucho más grande para que se hubiera vetado el artículo 29″.
Señaló que con esta decisión el Ejecutivo exhibió su debilidad frente a la presión que ejercieron los empresarios de México, escudándose en una mala redacción, “reconozco que es una mala redacción cómo quedó el artículo 32”.
Dijo estar de acuerdo en que las observaciones deben desahogarse en un periodo extraordinario.
En tanto la vicecoordinadora del PRD en el Senado, Dolores Padierna, dijo que el Paquete Anticorrupción tiene como objetivo central dar seguimiento a cada pago, contrato y servicio que realice el gobierno en todos sus niveles.
“Evitar que se incurra en corrupción implica que todos declaren que no hay conflicto de interés, que su patrimonio es congruente con el ingreso que se recibe y estar al corriente en el pago de sus impuestos. Las tres declaraciones: de interés, patrimonial y fiscal deben ser públicas”, ante lo cual se pronunció por el no a la simulación del veto que asegura debilita el combate a la corrupción.
Manifestó que prevenir la corrupción implica que se tenga claridad de todos los intereses que comparten servidores públicos, familiares y empresarios.
“Tanto el sector público como el sector privado reciben recursos públicos. Nadie debe estar exento de rendir cuentas”, señaló.
La senadora Padierna Luna dijo que los empresarios que tienen contratos y prestan servicios públicos también deben rendir cuentas, por ello “todo peso público esté donde esté debe ser auditado y publicado”.
PAN analziará veto y lamenta que no se incluyera Articulo 29
El coordinador de los senadores del PAN, Fernando Herrera Ávila, aseguró que su Grupo parlamentario analizará en sus términos las observaciones que el Presidente Enrique Peña Nieto enviará a la Cámara de Senadores, para hacer cambios parciales al artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
No obstante, lamentó que en el anuncio hecho por el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos Cervantes, sobre la facultad de veto del Ejecutivo Federal no se incluyera al contenido del artículo 29, respecto al cual el PAN, PRD y la sociedad civil se han pronunciado en desacuerdo.
Herrera Ávila señaló que la decisión presidencial enmienda los errores de los legisladores del PRI y PVEM, al incluir a personas físicas y morales para cumplir con la obligación de presentar las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal, los cuales fueron reconocidos por el coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa.
“Para los senadores del PAN las observaciones anunciadas por la Presidencia a los incisos “B” y “C” del artículo 32 de la Ley de Responsabilidades y a 15 artículos relacionados, sólo atienden el reclamo de sectores de la sociedad civil y empresarios, que manifestaron su inconformidad por una medida inoperante y excesiva”, señaló el senador por Aguascalientes.
Detalló que se deja al margen, la propuesta de modificar el tema de los formatos de las declaraciones, contenido en el artículo 29, y respecto al cual los senadores del PAN han demandado que éstos sean los que propuso la sociedad civil y que queden incorporados a la Ley, toda vez que han demostrado en la práctica su pertinencia.
“Con esta decisión, una vez más, el PRI se niega a salir de la opacidad”, afirmó.