Desde 2014 la Procuraduría General de la República (PGE) conoce los términos de la sentencia con la que se le ordena indemnizar y ofrecer una disculpa pública a la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial, encarcelada en 2006 por el supuesto secuestro de seis agentes federales.
Hace dos años la dependencia fue condenada por el pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), que consideró que el Estado mexicano cometió actos irregulares en el proceso penal contra la indígena, y ordenó la reparación del daño, por lo que la PGR ya sabe cómo debe cumplir la resolución.
El abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y defensor de Jacinta, Luis Tapia Olivares, afirmó en entrevista con Cimacnoticias que si bien el pasado 25 de mayo la titular de la PGR, Arely Gómez, dijo que espera ser notificada de la sentencia para después cumplirla, la dependencia ya estaba enterada desde 2014.
En 2006 Jacinta –junto con las también mujeres otomíes Alberta Alcántara y Teresa González– fue acusada por la PGR del secuestro de seis agentes federales, por lo que fue encarcelada y condenada a 21 años de prisión, aunque a decir de sus abogados fue criminalizada por oponerse a un operativo policiaco en el tianguis de la plaza central de Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco, en el central estado de Querétaro.
Después de tres años en prisión, en 2009 Jacinta obtuvo su libertad y desde entonces ha estado inmersa en un litigio judicial para exigir al Estado que reconozca que ella fue acusada falsamente de secuestro, y que su posterior encarcelamiento le produjo daño moral y social en su comunidad.
Su primer paso fue solicitar a la PGR que le reparara el daño, pero la solicitud le fue negada; después continuó el juicio en tribunales. La querella la ganó por primera vez el 28 de mayo de 2014, cuando la Sala Superior del TFJFA ordenó la reparación del daño.
Una vez que la mujer confió en que por fin se restituirían sus derechos violados, la PGR no quedó conforme con la sentencia del TFJFA e impugnó a través de un recurso de “revisión fiscal”. Incluso la dependencia solicitó la atracción del caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), explicó Luis Tapia.
La SCJN no analizó el caso y la impugnación de la autoridad la conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que sesionó el pasado 19 de mayo para dictar sentencia a favor de la indígena otomí. La resolución fue publicada en su versión pública este lunes 20 de junio.
Tapia Olivares abundó que, en su defensa, la PGR reviró que no es el Estado mexicano y por tanto no estaba obligada a pagar las indemnizaciones, menos si se consideraba que la irregularidad fue del juez que la condenó a prisión.
Al respecto, el Tercer Tribunal Colegiado respondió que el Ministerio Público federal fue el que integró irregularmente la averiguación previa contra Jacinta, lo que provocó una orden de aprehensión y la posterior encarcelación; asimismo aseguró que tal investigación fue integrada por los mismos policías que supuestamente fueron víctimas de secuestro.
Una vez analizada la impugnación de la PGR, el pasado 19 de mayo el Tercer Tribunal concluyó que la reparación por daño moral y material estaba debidamente fundada y motivada, y que contrario a lo sostenido por la dependencia, ésta debía disculparse públicamente y difundir que la indígena es inocente.
Así, el defensor de Jacinta explicó que el Tercer Tribunal Colegiado lo único que hizo fue confirmar la sentencia de 2014, que desde entonces estableció que se reparara el daño a más tardar en cuatro meses.
De acuerdo con el litigante del Centro Prodh, si bien aún falta la notificación oficial de la sentencia, en realidad tanto la defensa de la víctima, como la autoridad responsable, ya conocen los términos del escrito y por tanto sólo se esperaría un diálogo entre las partes para determinar cómo se hará la reparación del daño.
Mientras, los casos de las otomíes Alberta y Teresa están en procesos similares. Ambas estuvieron en prisión por los mismos hechos y después fueron liberadas por decisión de
la SCJN. En 2013 pidieron la reparación del daño a la PGR, que en primera instancia les fue concedida pero también fue impugnada por la dependencia. | JMS