A Mónica, de 26 años y madre de cuatro hijos, la violaron en grupo seis agentes de policía; le aplicaron descargas eléctricas en genitales, la asfixiaron con una bolsa de plástico y le hundieron la cabeza en un cubo con agua en la ciudad de Torreón, Coahuila, el 12 de febrero de 2013.

 

Los funcionarios de seguridad buscaban que confesara que formaba parte de una banda delictiva, y la obligaron a mirar cómo torturaban a su hermano y a su esposo delante de ella.

 

Tras la tortura, la policía llevó a Mónica y a su hermano y su esposo a la sede de la Procuraduría General de la República. En el camino, el esposo de Mónica murió en sus brazos por las heridas producidas por las torturas sufridas. Más tarde, Mónica fue obligada a firmar una “confesión” en la que afirmaba que pertenecía a un cártel de la droga.

 

Y aunque una evaluación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), publicado en agosto de 2014, confirmaba la tortura que Mónica padeció, no se han formulado cargos contra ninguno de sus autores. Ella sigue en prisión en espera del resultado de su juicio por cargos de participación en la delincuencia organizada.

 

En abril de 2016, la CNDH emitió la recomendación de que se abriera una investigación criminal sobre el caso.

 

Según datos de las comisiones local y nacional de derechos humanos, sólo en 2013 se presentaron más de 12 mil denuncias de tortura y otros malos tratos ante estos organismos en todo el país, donde 8 mil 943 de las posibles víctimas eran hombres y tres mil 618 mujeres.

 

La violencia sexual es “una práctica rutinaria” en los arrestos a mujeres mexicanas por parte de las fuerzas de seguridad, y el castigo para estos crímenes es “prácticamente nulo”, reveló un informe de Amnistía Internacional (AI).

 

AI entrevistó a cien mujeres recluidas en prisiones federales, quienes en su totalidad dijeron haber sufrido acoso sexual o maltrato psicológico durante su detención o en las horas posteriores y 72 de ellas fueron víctimas de abusos sexuales y 33 violadas.

 

Con cifras así, “no podemos sostener la hipótesis de unas manzanas podridas dentro de las fuerzas de seguridad de México”, señaló en una entrevista con Efe Madeleine Penman, autora del informe.

 

Un total de 66 dijeron que habían denunciado los abusos ante un juez u otra autoridad, pero sólo en 22 casos se habían abierto investigaciones. Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que se hayan presentado cargos de alguna clase a partir de estas investigaciones.

 

“Los casos de estas mujeres dibujan un cuadro absolutamente escandaloso que refleja el nivel de tortura que sufren las mujeres en México, incluso para lo que se acostumbra en la región. La violencia sexual usada como tortura parece haberse convertido en parte habitual de los interrogatorios”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

 

“Las mujeres procedentes de entornos marginados son las más vulnerables en la denominada ‘guerra contra el narcotráfico’ de México. Las autoridades, normalmente más preocupadas por que se vea que están encarcelando a gente que por encontrar a los verdaderos delincuentes, suelen considerarlas objetivos fáciles.”