La titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez González, afirmó que toda prueba obtenida por la autoridad o un particular violando derechos fundamentales, directa o indirectamente, no debe tener efecto legal alguno.
“De tal magnitud es la responsabilidad de los servidores públicos, pues la nulidad no sólo invalida las pruebas obtenidas mediante la violación a un derecho fundamental, sino también todas las obtenidas de manera legítima, así se hayan cumplido todos los requisitos constitucionales”, subrayó.
Al participar en la presentación del libro “Código Nacional de Procedimientos Penales, Teoría y Práctica del Proceso Penal Acusatorio”, del consejero de la Judicatura Federal Alfonso Pérez Daza, coincidió con el autor en la importancia de la nulidad de cualquier acto de la autoridad realizado con la violación de los derechos humanos.
En el evento, que tuvo lugar en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) destacó que, según el autor, la valoración de las pruebas implica que el tribunal de enjuiciamiento realice un análisis conforme a la sana crítica, las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia.
A su vez, Gómez González recordó que el 18 de junio comenzó el tránsito de un sistema obsoleto e ineficiente a un nuevo modelo procesal penal acusatorio que obligó a realizar varias reformas y a promulgar un Código Único de Procedimientos Penales para todo el país.
“El objetivo es claro, el sistema está diseñado para que los asuntos penales se resuelvan de forma pronta y expedita”, aseveró la funcionaria federal en el auditorio “Alfonso Quiroz Cuarón”.
La PGR informó en un comunicado que en el evento también participaron el autor de la obra, Alfonso Pérez Daza, el consejero de la Judicatura Federal, Felipe Borrego Estrada, y el director del Inacipe, Rafael Estrada Michel.
TPC