La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) suspendió este sábado 35 líneas de medición de emisiones en siete de 11 verificentros, a fin de corroborar que cumplen con las disposiciones establecidas de la Norma Oficial Mexicana 167 emergente en los seis estados que comprenden la megalópolis.
Estas clausuras se suman a las de la víspera, para alcanzar un total de 87 en 21 centros de verificación vehicular de los 28 que la Profepa ha inspeccionado durante los primeros dos días de este mes.
La NOM 167 emergente establece límites máximos permisibles para las emisiones de vehículos automotores, así como los métodos de prueba que deben implementarse, refirió en un comunicado.
Además, faculta a la Profepa para vigilar el cumplimiento de esta norma en lo que se refiere a los instrumentos de medición que se utilizan en los verificentros para determinar el tipo de holograma que deben recibir.
La corporación destacó que en lo que resta del año visitará los 447 verificentros y unidades de verificación vehicular del transporte público federal que existen en los seis estados que conforman la megalópolis.
En dicha zona se tienen registrados un total de 447 verificentros, 338 para transporte particular y 109 para transporte público federal, que serán inspeccionados en los próximos meses en su totalidad.
Durante el presente mes, se llevarán a cabo entre 128 y 160 visitas de inspección a igual número de centros de verificación vehicular en los seis estados que conforman la megalópolis.
Explicó que la inspección consiste en verificar las especificaciones técnicas de los equipos, así como las condiciones en las que operan, donde se han detectado irregularidades graves que no permiten confiar en los resultados de las líneas de medición clausuradas.
Las irregularidades principales tienen que ver con la calibración de algunos componentes de los sistemas de medición en los verificentros visitados, detalló.
Más allá de las clausuras, advirtió que se abrirán los procedimientos administrativos correspondientes en los que se ordenarán las medidas correctivas que correspondan, así como las sanciones que podrán alcanzar hasta 50 mil salarios mínimos por irregularidad.
En caso de que irregularidades graves reiteradas o incumplirse las medidas ordenadas por la autoridad federal, podría cancelarse la concesión del verificentro y fincarse procesos penales por las anomalías, puntualizó la Profepa. | JMS