La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) calificó como acertada y oportuna la decisión del Ejecutivo federal de vetar a los incisos b y c del artículo 32 y a otros 15 artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativa.
El presidente del organismo, Manuel Herrera Vega, expuso que ello hará la vida más sencilla a las empresas y facilitará el aprovechamiento de las adquisiciones y obras públicas, en momentos en los debe impulsarse la reactivación, en lugar de levantar más barreras al quehacer empresarial.
“Por eso expresamos nuestro reconocimiento al presidente Enrique Peña Nieto por su disposición al diálogo y su compromiso en favor de un gobierno cercano y sensible a la opinión de los sectores sociales”, señala.
Refiere que México necesita leyes que faciliten la operación de las empresas, la generación de riqueza y la incorporación de un número cada vez mayor de pequeñas y medianas empresas al padrón de proveedores del sector público federal, estatal y municipal.
Poco ayuda la acumulación de requisitos, exigencias y obligaciones que sólo complican la actividad de los agentes económicos, sostuvo en el editorial de la publicación mensual de la Concamin “Pulso Industrial”.
Apunta que la tarea que realizan los legisladores para definir el contenido y los alcances de las normas que regularán las actividades económicas es crucial para crear un ambiente que fortalezca al sector formal de la economía, premie el esfuerzo de empresarios y trabajadores e inhiba la informalidad.
Para lograrlo es preciso crear condiciones jurídicas y operativas que propicien confianza y certidumbre, asevera el dirigente de los industriales.
Insistió en que en esos momentos es preciso hacer un alto en el camino para evaluar cuidadosamente el contenido de las leyes, escuchar la opinión de los agentes económicos y corregir aquello que complica en lugar de facilitar el desarrollo del país.
Por ello, añade, la Concamin siempre se ha pronunciado en favor de procedimientos que hagan más clara y sencilla la gestión de los ciudadanos ante las instituciones gubernamentales, porque donde impera la dilación y el trámite engorroso y superfluo, florece la corrupción y la desconfianza.
TPC