El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular las observaciones que propuso el presidente Enrique Peña Nieto al artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como Ley 3de3 para eliminar la obligación de los empresarios a presentar públicamente sus declaraciones cuando sus negocios involucren recursos públicos.

 

Avalado el dictamen que expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sobre las observaciones del Ejecutivo federal, se remite al Ejecutivo para sus efectos constitucionales, informó Jesús Zambrano, quien presidió la Mesa Directiva del segundo periodo extraordinario previo a declarar formalmente terminados los trabajos.

 

La aprobación en lo particular se consiguió con 314 votos a favor, 104 en contra y cero abstenciones, tras debatir más de 10 artículos reservados que presentó Morena.

 

Los artículos aprobados fueron el 3, 4, 27, 30, 32, 33, 37, 46, 73 y 81 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en términos del dictamen.

 

 

En el Pleno, estuvieron presentes 424 de 500 diputados. En la votación en lo general votaron 346 a favor; 82 en contra y nadie se abstuvo. Los votos en contra fueron de PRD y Morena.

 

El debate en lo general no llevó más de dos horas y los oradores que más ocuparon la tribuna fueron aquellos que estuvieron en contra, entre lo que destacó la presencia de legisladores del PRD y Morena.

 

En el debate, el diputado Jorge Álvarez Maynez (MC) sostuvo que el veto presidencial “pone en evidencia el presidencialismo autoritario y metaconstitucional que vive México”, el cual se basa en una cultura política que otorga al Presidente de la República facultades que no están establecidas en la ley.

 

El diputado Rafael Hernández Soriano (PRD) indicó que el Estado debe servir a toda la sociedad y “no sólo a grupos privilegiados”. Y lamentó que en el veto parcial del Ejecutivo no se haya incluido la demanda ciudadana de establecer la obligatoriedad para los servidores públicos de publicar la declaración fiscal, patrimonial y de interés.

 

Resaltó la inequidad y trato desigual en materia de transparencia y combate a la corrupción.

 

Desde la tribuna, el presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Rogerio Castro (Morena), pidió reflexionar a fondo el dictamen que se aprobó en comisiones, con voto en contra de Morena y PRD, para dar entrada a las observaciones del Ejecutivo.

 

Por su parte el legislador morenista Juan Romero Tenorio solicitó al Pleno una moción suspensiva para regresar el dictamen a la Comisión para revisarlo a la luz de las necesidades de México y no de los intereses de empresarios que no quieren transparentar sus contratos privados, la cual fue rechazada por el Pleno.

 

En comisiones pasan tal cual cambios de Peña Nieto a Ley 3 de 3

 

Previamente, la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados aprobó la minuta del Senado que elimina la obligación de los empresarios a hacer públicas sus declaraciones cuando alguno de sus negocios involucre dinero público.

 

Con 18 votos a favor y seis en contra de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y PRD, los integrantes de la Comisión aprobaron los ajustes propuestos por el Ejecutivo al artículo 32 de la Ley general de Responsabilidades Administrativas tal como la envió la Cámara alta y sin modificaciones.  DMH|JMS|NN