El gobierno aplicó desde ayer a 600 personas una reforma de la Ley de Extranjería, que faculta a la policía y ejército “acompañar” a los refugiados al otro lado de las alambradas elevadas por Budapest en sus fronteras con Serbia y Croacia, donde no reciben asistencia, una medida criticada como una forma de “devolución en caliente” que puede violar los derechos humanos y dificultar la petición de asilo.
Al otro lado de las vallas, aún en suelo húngaro, los refugiados tendrán que solicitar asilo y esperar una respuesta durante días o semanas, en condiciones inhumanas, sin agua, comida ni servicios higiénicos.