La decisión del gobierno federal de presentar ante la Suprema Corte acciones de inconstitucionalidad contra los congresos y los gobernadores de los estados de Veracruz y Quintana Roo es respaldada por la cúpula empresarial, aseguró Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
En un comunicado señala que dicha determinación es una buena señal en materia de preservación del Estado de derecho, ya que considera que las normas avaladas en esas entidades son violatorias de los principios del Sistema Nacional Anticorrupción.
Con ello, se sienta un precedente en favor de la plena vigencia del Estado de derecho y, sobre todo, de la lucha contra la corrupción y la impunidad.
“Para la Confederación Patronal de la República Mexicana, esta decisión del Ejecutivo es una acción que le da sentido a los principios del Sistema Nacional Anticorrupción”, insistió.
De Hoyos Walther estima que ha quedado claro que ningún gobernador saliente o en funciones está por encima del sistema de justicia, la transparencia y la rendición de cuentas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá resolver dichas acciones de inconstitucionalidad en tiempo y forma, sin embargo hacemos votos para que éstas se lleven a cabo antes de que los gobernadores de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo, dejen sus cargos, argumenta.
“Pedimos a la Procuraduría General de la República no dejar impune ninguna acción de gobierno que vaya en contra del Estado de derecho, por lo que le hacemos un atento llamado a que dé seguimiento de manera puntual a las averiguaciones previas que haya en contra de estos mandatarios estatales”, enfatiza.
Para el dirigente de la Coparmex, los empresarios de México y la sociedad en su conjunto esperan la promulgación de las siete leyes que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción, para que se puedan dar los procesos de federalización de dicho sistema en el país.