La Procuraduría General de la República (PGR) interpuso acciones de inconstitucionalidad contra los gobernadores priistas de Veracruz y Quintana Roo, así como los congresos de aquellas entidades, por transgredir el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.
Por órdenes del presidente Enrique Peña Nieto, la PGR interpuso el recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), informó el coordinador de Comunicación Social de la Presidencia y vocero del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez Hernández, en conferencia de prensa.
En concreto, Javier Duarte, mandatario de Veracruz, y su homólogo de Quintana Roo, Roberto Borge, pretendían, con apoyo de los poderes legislativos locales, nombrar a fiscales anticorrupción, contralores y otros funcionarios por periodos transexenales.
El vocero presidencial dijo que “para evitar la violación de los principios del Sistema Nacional Anticorrupción, por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto esta mañana la Procuraduría General de la República (PGR) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acciones de inconstitucionalidad en contra de los Congresos y los gobernadores de Quintana Roo y Veracruz”.
Abundó que los nombramientos contravienen los principios de la Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y afirmó que en los nuevos esquemas de rendición de cuentas y transparencia del país, “no puede haber cabida para para legislaciones locales a modo”.
Eduardo Sánchez aclaró que “ninguna institución y ningún servidor público, no importa el orden de gobierno en el que se desempeñe, puede estar al margen de la ley. Esto es lo que demanda la sociedad mexicana. Ni más, ni menos”.
Para el vocero presidencial, “en la lucha contra la corrupción no puede haber excepciones; esto es lo que los ciudadanos demandan y lo que las instituciones del Estado mexicano están obligadas a cumplir y hacer cumplir”.
Recordó que el Sistema Nacional Anticorrupción forma parte de los cambios estructurales impulsados por el gobierno federal, cuyo objetivo es articular la rendición de cuentas en el ámbito local y nacional, por lo que no pueden existir leyes estatales que busquen crear opacidad.
“El Constituyente Permanente, integrado por el Congreso de la Unión y los Congresos estatales, aprobó un marco jurídico robusto e innovador que recoge las mejores prácticas internacionales para prevenir y combatir la corrupción”, indicó.
Acompañado del subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Salvador Sandoval Silva, el vocero de la Presidencia de la República adelantó que en los próximos días, Peña Nieto “habrá de promulgar los decretos para la entrada en vigor del SNA; entre tanto, las leyes vigentes de responsabilidad administrativa y de fiscalización de las entidades federativas continúan en vigor”.