BUENOS AIRES. El conflicto político y judicial que rodea la polémica subida de la tarifa del gas anunciada por el gobierno argentino en abril y que hace una semana fue congelada por un tribunal federal se trasladó a las calles del país, donde los ciudadanos no saben si deben pagar las facturas del último mes.
La decisión de la Sala II de la Cámara Federal de La Plata, que el jueves pasado ordenó frenar los aumentos en la tarifa del gas en todo el país porque no se produjo audiencia pública previa a ejecutar el cambio en los recibos, forzó al gobierno a anunciar ayer un tope para que las subidas anunciadas no superen 400%.
Mientras la decisión judicial se dirime en la Corte Suprema, que pidió informes al gobierno para que explique “cómo ha sido la evolución de las tarifas de gas y el impacto que la evolución provocó en la prestación del servicio”, asociaciones de consumidores insistieron en que es posible negarse a pagar la tarifa.