La Fiscalía General del Estado de Oaxaca no ha entregado, hasta el momento, la información sobre la investigación relacionada con los ocho homicidios ocurridos en Nochixtlan hoy hace un mes, denunció el ombudsman nacional Luis González Pérez, por lo que exhortó a las distintas autoridades a coadyuvar con la CNDH entregándole oportunamente los informes.

 

Además, informó que la CNDH, ha llevado a cabo 502 actas circunstanciadas que contienen quejas y testimonios de diez testigos de los hechos en inmediaciones del hospital comunitario, seis asesorías en materia laboral a maestros y dos a personas en materia penal y de seguridad social, veintinueve testimonios de lesionados por arma de fuego, cuatro por gas lacrimógeno y uno lesionado por fragmentos de un explosivo de elaboración artesanal.

 

«Con oportunidad le solicitamos a la Fiscalía de Oaxaca información sobre la investigación. Se nos dijo que nos lo iban a proporcionar, se nos dijo incluso que vendrían a la Ciudad de México a entregarla, y al contrario, llegaron con un oficio para que nosotros entregáramos la información», señaló el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

 

Durante una reunión de trabajo con la Comisión Especial de Seguimiento a los Hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio de 2016, González Pérez informó que de acuerdo a datos de la Fiscalía oaxaqueña, ya se iniciaron 43 carpetas de investigación, de las cuales seis son por homicidios, 11 por lesiones, 23 por daños a vehículos e inmuebles, 3 por lesiones a servidores públicos.

 

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) fue recibido por la senadora Mariana Gómez del Campo, quien preside la comisión, como parte de los trabajos para esclarecer los hechos tras el desalojo de maestros de la CNTE y padres de familia por agentes federales y estatales el pasado 19 de junio que saldó ocho muertos y decenas de heridos, de acuerdo al reporte oficial.

 

El ombudsman nacional mencionó que la CNDH ha emitido medidas cautelares a favor de las víctimas y sus familiares, las cuales fueron aceptadas por las secretarías de Salud y de Gobierno de Oaxaca, así como por la Secretaría de Salud federal.

 

González Pérez reconoció que aún hay diversas interrogantes que aclarar, como ¿si hubo o no tiradores desde alguno de los hoteles?; ¿infiltrados en la población que habrían disparado en contra de los policías federales?; ¿cómo y quién diseñó los protocolos de actuación y si éstos cumplieron con los estándares?.

 

Así como ¿si hubo o no detenciones arbitrarias?; ¿si las víctimas eran de la población y no del magisterio?; ¿el tipo de armas utilizadas?; ¿el uso de la fuerza?; ¿en qué momento participó la policía estatal? y ¿si se negó el servicio médico a los heridos?, entre otros aspectos.

 

Al respecto, la senadora Mariana Gómez del Campo, presidenta de la Comisión Especial, informó que a 13 días de haberse constituido han recibido cinco informes de diversas autoridades y se tuvieron reuniones con autoridades de Oaxaca y con el gobernador Gabino Cué, quienes “nos hicieron entrega de la información requerida, la cual será analizada e integrada en el informe que se presentará por parte de esta Comisión”.

 

El senador Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación, cuestionó sobre si se respetaron los protocolos internacionales como el trabajo de inteligencia por adelantado para realizar el operativo; el exhorto a las personas para que se retirasen antes del uso de la fuerza pública y la utilización de las diversas armas que se tienen documentadas.

En su turno, el senador Ismael Hernández Deras (PRI) manifestó que es necesario identificar “quién mece la cuna para provocar enfrentamiento, violencia y rispidez entre sectores de la sociedad”.

 

En días pasados, la CNDH señaló que por los hechos aún hay dos personas desaparecidas y que seguía a la espera del expediente de balística por parte de las autoridades, del que hasta ahora no se han hecho públicos los calibres que se usaron contra las víctimas.