El bloque de izquierda en la Cámara de Diputados alista una acción de inconstitucionalidad en un último esfuerzo por echar abajo la redacción del artículo 29 de llamada Ley 3 de 3, en la que a su parecer no está claro el mecanismo para dar máxima publicidad a las declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de interés por parte de los servidores públicos y, además, no cumple con la exigencia de la sociedad civil.
El coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), José Clemente Castañeda, lanzó dicha convocatoria que tuvo eco en las bancadas del PRD y de Morena. Incluso, el coordinador del PAN, Marko Cortés, anunció que evalúa dicho mecanismo para cambiar el artículo 29 y garantizar la transparencia en las declaraciones de los servidores públicos.
De acuerdo con la Constitución, se requiere la firma de 165 diputados para promover tal recurso contra el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Recordó que este aspecto que se planteó como eje central en la reforma anticorrupción, dejó “un mal sabor de boca”, ya que se dio una interpretación incorrecta sobre la protección a la intimidad de los funcionarios y se generó “un escenario que impide conocer su patrimonio al principio y término de su encargo”. Como se recordará, se permite a los funcionarios reservar información que consideren afecte su vida privada o datos personales, como cuentas bancarias.
Por separado, el vicecoordinador de Morena, Virgilio Caballero, explicó que no hay una política para que los 36 diputados de la bancada se adhieran en bloque: “Será decisión de cada legislador”.
El coordinador del PAN, Marko Cortés, informó el domingo pasado que debido a que quedó pendiente la máxima publicidad de las declaraciones 3 de 3, como lo propusieron las organizaciones de la sociedad civil, el PAN analiza presentar una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 29, sin detrimento alguno del resto de leyes que dan vida al nuevo sistema de combate a la corrupción, retomando las mejores prácticas internacionales en la materia. Aunque no precisó si esta estrategia sería independiente de la que impulsan los diputados de la izquierda en San Lázaro.
Acción de inconstitucionalidad
Mayo 2015. El Congreso de la Unión aprobó una reforma constitucional con el fin de crear el Sistema Nacional de Anticorrupción.
Febrero 2016: Fundar, el Imco y Transparencia Mexicana, entre otras ONG, lanzaron una iniciativa ciudadana para que funcionarios difundan sus declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de interés (ley 3 de 3).
15 de junio 2016. En periodo extraordinario y con el aval del PRI y el PVEM se aprobó la 3 de 3, y se incluyó un candado al artículo 29 para acotar la máxima publicidad (permite reservar información que puede afectar la vida privada).
22 de junio. El Ejecutivo vetó la ley para eliminar la obligación para la Iniciativa Privada (IP) de hacer públicas las declaraciones cuando haya dinero público involucrado en sus negocios, pero no observó el art. 29.
6 de julio. El Congreso aceptó las observaciones formuladas por el Ejecutivo federal sobre la IP, y fueron avaladas en sus términos, aunque el sistema prevé disposiciones para poner mayor transparencia a dicho sector.
18 de julio. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, promulgó, en Palacio Nacional, el paquete de reformas anticorrupción, acto que aprovehó para pedir perdón por el caso de la llamada Casa Blanca.