De 130 aspirantes a ser magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) –el organismo encargado de dirimir los juicios en materia político electoral– sólo 16% son mujeres.
En la lista de aspirantes hay 20 mujeres y 110 hombres que se postularon para ser magistrados electorales, y aunque ellas apenas representan el 16 por ciento de las candidaturas, entre los perfiles hay al menos seis promotoras de los derechos políticos de la población femenina.
Recientemente el 5 de julio la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó el acuerdo 6/2016 sobre las reglas para elegir a los siete magistrados que a partir de noviembre integrarán la Sala Superior del TEPJF.
Este acuerdo establece que el pleno de la Suprema Corte aprobará por mayoría simple la propuesta de siete ternas –es decir, 21 candidaturas– que enviará a la Cámara alta, quien a su vez elegirá a siete personas para ocupar los respectivos cargos.
A más tardar el 30 de octubre, el Senado elegirá a siete nuevos magistrados que iniciarán su mandato el próximo 4 de noviembre; dos de ellos concluirán su mandato el 31 de octubre de 2019, dos más el 31 de octubre de 2022 y los tres restantes el 31 de octubre de 2025.
Actualmente el organismo jurisdiccional está integrado por cinco hombres y una mujer, la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa; ya que desde abril de 2015 el magistrado Alejandro Luna Ramos concluyó su cargo pero la vacante no se renovó.
Al cierre del plazo para presentar candidaturas, el pasado 13 de julio, había 130 aspirantes, de los cuales 20 son mujeres. Algunas de las aspirantes destacan por su trabajo como magistradas regionales o consejeras electorales pero también como promotoras y partidarias de la participación de las mujeres en el ámbito político.
Aspirantes mujeres
La reforma político- electoral de 2014 estableció en la Constitución Política el principio de paridad de género, es decir, la obligación de postular a 50% de mujeres como candidatas a senadurías y diputaciones federales y locales.
Con esta reforma magistradas y consejeras electorales entraron en una nueva etapa para vigilar el cumplimiento de la paridad, algunas de esas mujeres hoy aspiran a estar en el máximo órgano jurisdiccional que dirime los juicios en materia electoral.
Entre las aspirantes están las actuales consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE) Adriana Margarita Favela Herrera y Beatriz Eugenia Galindo Centeno, quienes tuvieron un papel relevante para vigilar el cumplimiento de la paridad de género en candidaturas en los procesos electorales de 2015 y de 2016.
En la lista también están Carla Astrid Humphrey Jordán, quien trabajó de cerca con la magistrada Alanís Figueroa promoviendo la justicia electoral con perspectiva de género; así como la actual magistrada presidenta de la Sala Regional Distrito Federal del TEPJF, Janine Madeline Otálora Malassis.
Otras candidatas con trabajo por los derechos femeninos son la ex presidenta del Instituto Electoral del Distrito Federal, Beatriz Zavala Pérez y la magistrada de la Sala Regional Guadalajara del TEPJF, Mónica Alarí Soto Fregoso, quienes han expresado su rechazo a la violencia política de género.
Otras aspirantes son María del Carmen Carreón Castro, Irma Leticia Cisneros Basurto, Claudia Mavel Curiel López, Thelma Elena Díaz Jiménez, Concepción Flores Saviag, Leonor Garay Morales, Berenice García Huante y María Amparo Hernández Chong Cuy.
Además en la lista están Xitlali Gómez Terán, Eusebia González González, Elva Regina Jiménez Castillo, Silvia Gabriela Ortiz Rascón, María del Pilar Parra Parra y Alma Patricia Sam Carbajal.
Avances del TEPJF
En los últimos 5 años la magistrada y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral han mostrado un compromiso con los derechos de las mujeres, promoviendo a través de sus fallos, la igualdad de derechos y el cumplimiento de la paridad de género en candidaturas.
Con el impulso de mujeres políticas, activistas y agrupaciones de la sociedad civil, el organismo ha profundizado en la argumentación jurídica con perspectiva de género y así ha logrado tesis, jurisprudencias y sentencias que abren las puertas para que más mujeres estén presentes en la vida partidaria y política.
Uno de los avances en la materia se dio en noviembre de 2011 cuando la Sala Superior emitió la sentencia 12624 con la cual ordenó modificar el acuerdo del extinto Instituto Federal Electoral (IFE) que impuso una excepción para incumplir la entonces cuota de género (70-30) en las elecciones de 2012.
Por otra parte, desde 2012 el Tribunal Electoral ha publicado 11 jurisprudencias para establecer criterios que garanticen la participación política femenina, algunos de los cuales han sido retomados por el Poder Legislativo para llevarlos a la ley.
Por ejemplo, en 2012 la autoridad electoral estableció la obligación de que los partidos postulen candidaturas de titulares y suplentes del mismo sexo para evitar que las mujeres electas sean forzadas a renunciar y dejar su lugar a su suplente varón, un criterio que en 2014 se llevó a la ley.
Recientemente el 10 de julio el Tribunal Electoral estableció una tesis donde señaló que la propaganda electoral debe promover el empleo de un lenguaje que no aliente desigualdades de género a la que históricamente se han visto sujetas las mujeres.
Asimismo, con el impulso de la magistrada Alanís Figueroa, el organismo trabajó en conjunto con otras autoridades electorales para elaborar y publicar, en marzo pasado, el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres a fin de garantizar la coordinación para hacer frente a este fenómeno.
Con estos antecedentes, las personas que sean propuestas por la Suprema Corte y electas por el Senado para ocupar el cargo de magistrados electorales tendrán la tarea de continuar los esfuerzos por promover que aquellas mujeres que alegan violaciones a sus derechos político-electorales, tengan respuestas justas. | JMS