En la última década 47 alcaldes, siete de ellos electos, fueron privados de la vida en diferentes entidades del país por personas armadas o por integrantes del crimen organizado. Además de los homicidios de los presidentes municipales en funciones, o de los que se encontraban en espera de tomar posesión, 32 ex ediles más fueron asesinados.
Registros de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), indican que los crímenes cometidos, entre noviembre de 2006 y ayer, fueron en contra de funcionarios afiliados a los partidos Acción Nacional (PAN); Revolucionario Institucional (PRI); Revolución Democrática (PRD); Trabajo (PT); Verde Ecologista de México (PVEM), así como de otras agrupaciones políticas.
Los datos de ANAC y del gobierno federal, mencionan que los homicidios se llevaron a cabo en los estados de Durango, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Nuevo León, Tabasco, Tamaulipas, Coahuila, Morelos, Puebla, San Luis Potosí y Zacatecas.
Al dar un posicionamiento sobre los asesinatos más recientes cometidos en contra del presidente municipal de Pungarabato, Guerrero, Ambrosio Soto Duarte, y de Domingo López González, alcalde de San Juan Chamula, Chiapas, la ANAC solicitó a la Secretaría de Gobernación (Segob) un protocolo de protección a favor de los titulares de los más de dos mil 400 ayuntamientos del país
“Desde la Asociación Nacional de Alcaldes solicitamos al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Gobernación la implementación urgente de un Protocolo de Protección para Alcaldes que garantice la seguridad de los ediles en riesgo”, explicó la asociación.
La ANAC explicó que en el país existen cuatro zonas clasificadas como las de más alto peligro para los ediles. “La Zona A (Riesgo muy alto), Zona B (Riesgo alto), Zona C y Zona D (Riesgo bajo)”.
“El propósito de lo anterior, incluiría otros indicadores como el de amenazas, homicidios previos cercanos, regiones con delincuencia organizada y delitos de alto impacto, es determinar el grado de protección que requieran los Alcaldes y conforme a ello, establecer los recursos económicos incluyendo partidas en Fortaseg -Fondo del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad-, humanos, materiales e inteligencia policial que deben incluirse por zona y en especifico a quienes lo necesitarán, con prioridad a sus ciudadanos”, mencionó ANAC.
Al dar un posicionacionamiento sobre los homicidios de los ediles de Guerrero y Oaxaca, la ANAC explicó que es necesaria una investigación detallada, la creación de consejos municipales, así como la “supresión de Cabildos por causas graves que hayan contribuido a los delitos”.